Una de las múltiples dificultades judiciales a las que se enfrenta Juana Rivas se ha despejado. La fiscalía ha decidido retirar el recurso que interpuso contra su puesta en libertad, al entender que la «situación presuntamente delictiva» de la madre de Maracena (Granada) ha cesado, después de que el lunes acatara el mandato judicial que la obligaba a devolver a sus hijos a su padre, condenado por lesiones en el ámbito doméstico en el 2009.
La fiscalía presentó su recurso el pasado viernes, antes de conocer el giro que ha dado la situación, tras la entrega de los niños, de 11 y 3 años, a su progenitor, Francesco Arcuri, residente en Italia. Por eso, ayer el ministerio público presentó un escrito desistiendo del recurso de apelación a la audiencia provincial tramitado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que investiga a la madre granadina por desobediencia judicial y sustracción de menores.
En dicho recurso la fiscalía insistía en que se encarcelase a Rivas, mientras que, tras la restitución de los niños al padre, acepta el criterio del juez de guardia, que dejó a la madre en libertad condicional justo hace una semana tras considerar que la investigada no tiene antecedentes penales ni percibir «riesgo de fuga».
Rivas se entregó ante el juzgado de guardia el 22 de agosto tras permanecer casi un mes ilocalizable, junto con sus hijos, para evitar cumplir la orden judicial que, el 26 de julio, le obligaba a restituir a los menores al progenitor, que tiene la custodia provisional, según han dictaminado los tribunales italianos. A raíz de su desaparición, Arcuri ratificó su denuncia por sustracción de menores y desobediencia por la vía penal, un procedimiento que no se ha cerrado todavía.
En la comparecencia ante el juez de guardia, el ministerio público solicitó prisión provisional sin fianza, alegando que Rivas se había negado a contestar a sus preguntas y que no había ofrecido datos sobre el paradero de los niños.
Las asociaciones de afectadas por la violencia machista han criticado a la fiscalía por esta decisión, al considerar que, «lejos de velar por la protección de los menores y de la mujer maltratada, ha demostrado ser insensible con las víctimas». Por ello, han anunciado que dirigirán un escrito de queja al ministerio fiscal y a la Fiscalía Especial de Violencia sobre la Mujer.
Mientras tanto, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, reclamó ayer la modificación «cuanto antes» de la ley para que los padres maltratadores no puedan tener la custodia de sus hijos y no se repitan casos como el de Rivas, en línea con lo que marca el pacto de Estado contra la violencia machista alcanzado recientemente en el Congreso.
Los partidos acordaron reforzar los mecanismos para evitar que los condenados por malos tratos puedan tener la custodia o restringir el régimen de visitas, algo que la ley ya contempla pero que, en ocasiones, según denuncian los expertos, no se cumple.
ASESORAS IMPUTADAS
La asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, y la psicóloga del mismo servicio, Teresa Sanz, declaran hoy como investigadas por su presunta intervención como «inductoras o partícipes necesarios» en la sustracción de los hijos de Juana Rivas.
Trabajadoras de los centros municipales de información de la mujer de Granada denunciaron ayer el «ataque sistemático» a su «labor en pro de los derechos de las mujeres y de sus hijos» luchando «contra la desigualdad y la violencia de género».
