Emmanuel Macron presentó el pasado mes de noviembre un ambicioso plan de lucha contra las agresiones sexistas centrado en la educación, la atención a las víctimas y el refuerzo del arsenal represivo con el objetivo de que “la vergüenza cambie de campo”, en palabras del presidente francés.
Esa ambición tendrá ahora su reflejo en la legislación francesa con la presentación a finales de marzo de un proyecto de ley que el Gobierno quiere aprobar antes del verano. Entre las medidas que se barajan figura la de penalizar con 90 euros de multa el acoso sexual que sufren a diario las mujeres en las calles.
La iniciativa está contemplada en un informe parlamentario remitido esta semana a la secretaria de Estado para la Igualdad entre hombres y mujeres, Marlène Schiappa, cuya finalidad es reducir el número de “comentarios, comportamientos o presiones de tipo sexual”.
“La creación de esta infracción es una medida para avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres, pero también es una medida de seguridad pública”, sostiene Elise Fajgeles, diputada de La República en Marcha (LREM) y una de las autoras del informe.
La idea es sancionar esas palabras o comportamientos que atentan contra la dignidad de la persona por su carácter degradante o humillante, o que generan situaciones ofensivas, de intimidación u hostilidad. En definitiva, sacar a la luz esa “zona de sombra” en la que se encuentran las miradas insistentes, los silbidos o los comentarios obscenos, y abrir el camino hacia la censura social.
Dificultad para su aplicación
Sin embargo, no está nada claro cómo deberán aplicar el nuevo reglamento policías y gendarmes. El delito por “ultraje sexista” tendrá que ser constatado de manera “flagrante” por las fuerzas del orden. El Gobierno confía en el compromiso de la nueva policía de proximidad -para la que se reclutarán 10.000 nuevos agentes- en la lucha contra el acoso sexual en las calles.
“Los policías recibirán formación y las fuerzas del orden identificarán las situaciones de acoso, especialmente en los puntos neurálgicos, como en las salidas de las estaciones o en los trenes de cercanías”, ha indicado Schiappa, que traza un paralelismo con las medidas para mejorar la seguridad vial. “Si el miedo a la policía funciona para los conductores, aquí también puede funcionar. Además, es bastante vergonzoso recibir en casa una multa”, sostiene.
Otros objetivos
Combatir el acoso en la vía pública no es el único objetivo que figura en el informe parlamentario remitido al Gobierno. Insiste también en la necesidad de llevar a cabo toda una labor pedagógica para actuar sobre las causas de un fenómeno que afecta al 82% de las francesas. Un estudio del 2017 revela que 3 millones de mujeres han sido seguidas, insultadas o increpadas en el espacio público.
Como ha ocurrido en otros países, en Francia muchas se han atrevido a denunciar abusos tras el escándalo del todopoderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein. Campañas lanzadas en las redes sociales como #MeToo (yo también) o #balance ton porc (denuncia a tu cerdo) han animado a muchas víctimas a romper su silencio.
Un problema social que plantea un reto educativo, motivo por el cual el Ministerio de Educación tendrá un papel esencial en la política de igualdad de género que prepara el Ejecutivo galo. Los centros públicos contarán con un módulo específico de prevención y quienes trabajen en las guarderías recibirá formación para evitar las representaciones sexistas.
Además, la nueva legislación fijará muy probablemente en los 15 años la edad mínima del consentimiento para mantener relaciones sexuales, un umbral por debajo del cual los jueces entenderán que el menor ha sido víctima de violación o agresión sexual. La futura ley contempla igualmente ampliar de 20 a 30 años el periodo de prescripción de los delitos sexuales contra menores para que las víctimas de pedofilia tengan más tiempo para denunciar los hechos ante la justicia.
