Los disturbios que incendiaron la banlieue de París en el otoño del 2005 llevaron a buena parte de la sociedad y de la clase política francesa a lamentar la supresión del servicio militar obligatorio, puesta en práctica a partir de 1996, sin reemplazarlo por otro dispositivo capaz de disciplinar a los jóvenes. En la campaña presidencial del 2007, los principales candidatos apostaron por crear un servicio civil más o menos obligatorio. Ahora, el Gobierno de Nicolas Sarkozy cuenta con un primer proyecto sobre la mesa titulado Por un servicio cívico, que se inclina por un pragmático voluntarismo.

"Antes que un modelo autoritario de integración, prefiero uno basado en la generosidad y la voluntad de dar sentido a un compromiso. No se puede apelar a la generosidad de alguien a quien se obliga a hacer algo", esgrime el autor del proyecto, el exministro de Educación y actual director del Consejo de Análisis de la Sociedad Luc Ferry, para justificar que no sea algo impuesto. Ferry admite, además, que el país no está en condiciones de ofrecer una plaza a 600.000 jóvenes, otra razón de peso.

Ferry propone poner en marcha un dispositivo en dos fases. En el primer año, se ofertarían 8.000 puestos para jóvenes de 18 a 25 años por un mínimo de seis meses, mientras que en los siguientes 4 o 5 años el dispositivo se ampliaría hasta dar cabida a 60.000 voluntarios. Se trata de implicar a los jóvenes, en colaboración con las asociaciones, en la realización de un proyecto en diferentes ámbitos, que van desde la protección del medio ambiente a la solidaridad pasando por la ayuda humanitaria. La remuneración se ha establecido en 650 euros mensuales.

Con esta iniciativa, Ferry pretende dar respuesta a una necesidad social. "En nuestros días, entre la esfera privada, que es la familia, y la pública, es decir la escuela, hay un espacio intermedio vacío. Los jóvenes hablan de derechos pero no de obligaciones. Muchos están desorientados en el plano moral, intelectual e incluso físico. No tienen lugares a donde ir ni servicios a los que dirigirse", argumenta.

Para articular el dispositivo, el exministro propone crear una fundación dependiente del primer ministro con una infraestructura administrativa dotada de un centenar de efectivos. La fundación, participada por sindicatos, asociaciones y representantes de la sociedad civil, se encargará de seleccionar proyectos de interés general, garantizar la mezcla entre jóvenes de diferentes extracciones sociales y buscar fondos, que deberán aportar todos los ministerios. El presupuesto que requerirá su puesta en marcha es de 61 millones de euros. Desarrollarlo y llevarlo hasta el final de la segunda fase exigirá movilizar otros 385 millones.

RECOMPENSAS Ferry juzga necesario motivar a los voluntarios con una especie de diploma al estilo del que se entrega en Canadá al final del servicio, en el que se reconoce la experiencia en el campo en el que han trabajado. Incluso plantea la posibilidad de que el servicio cívico suponga una ventaja cara al acceso al empleo o a las escuelas superiores, como sucede en Alemania.

La integración al servicio va asociada a un curso de ciudadanía, destinado a "mantener los lazos con el Estado y fomentar los principios republicanos". Ferry aclara que no se trata de "dar lecciones de moral" ni de educación cívica como en la escuela, sino más bien de reflexionar en torno a libros o películas como La lista de Schindler de la mano de profesores o personalidades reconocidas.

Del éxito de los primeros años dependerá si se convierte en obligatorio. Unos 300 diputados promueven que sea una etapa forzosa en el camino hacia la vida adulta. Pero el coste seria astronómico: entre 3.000 y 5.000 millones de euros.