Un nuevo nombre se suma a la lista de los niños y niñas muertos por violencia en España. El de Gabriel, el niño de tan solo 8 años asesinado por la pareja de su padre en Níjar que estos últimos días ha estremecido a todo el mundo.
Y desgraciadamente casos como este son los que se conocen, pero no son aislados. El problema es que la violencia contra la infancia en España sigue siendo invisible a los ojos de mucha gente. En 2016 se registraron 37.495 denuncias por actos violentos contra menores, 4.061 fueron denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y 4.056 por denuncias por abusos sexuales. Según los datos oficiales, los niños y las niñas sufren en mayor medida los delitos más violentos ya que 1 de cada 2 víctimas de abusos sexual es menor de edad. Pero, aunque los datos nos parezcan estremecedores sólo representan la punta del iceberg, siendo las cifras seguramente mucho más altas ya que muchos niños y niñas sufren en silencio la violencia en casa, en la escuela o en cualquier ámbito de la sociedad.
Esto pone de manifiesto la necesidad de contar con un abordaje integral de lucha contra la violencia contra la infancia. Por eso, hace falta una ley que proteja a los niños de todas las formas de violencia (maltrato, acoso escolar, ciberacoso, abuso sexual), una ley que cuente con medidas de prevención, detección, protección y reparación.
Y nos centramos en la prevención porque no podemos esperar a que otro nombre se sume a esta lista. Tenemos que actuar antes. Porque cuando hablamos de violencia contra la infancia todo lo que no es prevención es llegar demasiado tarde.
Existen ejemplos que demuestran que la prevención disminuye significativamente los casos de violencia. Por ejemplo, en países como Canadá y Estados Unidos se llevan a cabo programas de prevención del abuso sexual infantil en los colegios desde los años ochenta. Estos programas incluyen desde saber identificar los abusos sexuales, la necesidad de contarle a una persona adulta de confianza si pasa algo hasta cómo rechazar insinuaciones. También se enseña a los niños que ellos no son los culpables si son abusados, que el abusador puede ser alguien de confianza y que hay formas de tocar correctas e incorrectas. Los resultados evidencian que los niños que participan en estos programas tienen más conocimiento sobre el abuso y sobre cómo evitarlo. Además, comparándolo con niños que no han seguido programas de prevención, demuestran más control y más seguridad, y si se produce un caso de abuso lo comunican antes.
Y lo más importante: ha quedado demostrado que los programas de prevención permiten reducir a la mitad las posibilidades de que un niño sufra abusos. Una encuesta realizada entre unas mil estudiantes universitarias en Estados Unidos concluyó que aquellas que no habían participado en los programas tenían el doble de posibilidades de haber sufrido abusos que las que sí habían participado.
En este sentido, España carece de un planteamiento estratégico de lucha contra la violencia infantil ya que, para ser eficientes, los programas de prevención no pueden basarse solamente en charlas de vez en cuando en los colegios, sino que estos contenidos tienen que estar integrados en el currículo escolar. Debemos aprovechar el potencial que existe en la escuela para revertir estas situaciones de violencia e incidir en el problema de la violencia infantil.
No podemos aceptar que se tolere la violencia hacia la infancia. Ni el bullying es cosa de niños ni una bofetada es una manera de educar. Como sociedad debemos decir basta, condenar cualquier tipo de violencia contra los niños y educar en la no violencia. Porque los niños no pueden esperar más, por eso necesitan ser protegidos urgentemente. Y es nuestro deber como sociedad incidir y alzar la voz para que se apruebe una ley para erradicar la violencia contra la infancia.
