La Delegación del Gobierno en Canarias acusó ayer a la sanidad pública del archipiélago de haber puesto en peligro la vida de los inmigrantes que llegaron el pasado domingo exhaustos a Gran Canaria tras cinco días en el mar, al no ofrecerles una atención adecuada.

En los últimos días, han trascendido a las redes sociales fotografías que muestran a parte de los 41 supervivientes de esa patera postrados sobre esterillas en el suelo garaje de la comisaría de Maspalomas, en algunos casos con vías y monitores sanitarios conectados allí mismo, en condiciones de higiene precarias.

De hecho, el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, denunció el miércoles que la Policía tuvo que insistir para que se ingresara a esas personas ante su evidente estado de debilidad, después de que regresaran a la Comisaría tras haber recibido el alta médica en los distintos centros sanitarios por los que pasaron.

"Cuando una persona que ha sido trasladada a un centro sanitario regresa a la Comisaría y tiene una parada cardiorrespiratoria, a mí me parece que no ha tenido una buena asistencia sanitaria", manifestó ayer a la prensa Hernández Bento, que consideró que los inmigrantes sufrieron esa noche episodios que "pusieron en peligro sus vidas" por no haber recibido los cuidados precisos.

En una rueda de prensa ofrecida en el propio centro de salud de Maspalomas, el director general de Salud del Gobierno canario, Ricardo Redondas, negó esas acusaciones y se declaró "indignado" con Hernández, porque, según sus informes, no se negó la asistencia a nadie.

Según los testimonios de los supervivientes, siete ocupantes de la patera fallecieron durante la travesía.