El Consejo de Ministros aprobó el viernes el fin de las tasas judiciales para las personas físicas que el PP aprobó al principio de la legislatura aunque las empresas deberán seguir pagando impuestos para acceder a los tribunales. Todos los operadores judiciales y la oposición en pleno se opusieron al aumento de las tasas judiciales (ya el gobierno de Aznar las impuso en algunos órdenes). El Gobierno justifica ahora la marcha atrás con el argumento de que ha mejorado ostensiblemente "la capacidad recaudadora" y pretende "acercarse" tanto a la sociedad como a los profesionales que se opusieron en su día a la creación del polémico impuesto. La entrada en vigor de la medida es "inmediata".

El Ejecutivo ha aprobado además otras tres reformas legales necesarias para dar "soluciones concretas" a los problemas de la justicia. Así, el Gabinete de Mariano Rajoy ha aprobado una reforma de la ley orgánica del poder judicial que busca introducir un paquete de medidas organizativas destinadas a agilizar la instrucción de los procedimientos, a través de una mayor especialización en los tribunales y un mejor reparto de asuntos.

Asimismo, el mismo viernes también se aprobó un cambio de la ley de enjuiciamiento civil que permitirá la extensión del uso de las nuevas tecnologías en los tribunales. Así, todos los profesionales (abogados, procuradores, etc...) deberán comunicarse telemáticamente con los juzgados a partir del año 2016. Según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la medida ya ha sido consensuada con las distintas comunidades autónomas. Los particulares podrán comunicarse con los juzgados o bien por el procedimiento tradicional, o bien telemáticamente.