Los servicios sociales del municipio de Carloforte, en la isla de Cerdeña (Italia), trabajarán para garantizar el bienestar de los hijos de Juana Rivas -que el lunes fueron entregados a su padre- con asistencia directa, apoyo psicológico y ayuda pedagógica y educativa, si fuera necesaria.

La asistente social de Carloforte, Carla Serra, explicó a la agencia Efe que la situación «es delicada por tratarse de menores», e indicó que los servicios sociales de Carloforte se ponen «a disposición de los tribunales» para evaluar la situación -valorar las condiciones de vida de los niños y elaborar un informe- y determinar el tipo de ayuda que van a brindar. A partir de octubre, los tribunales italianos iniciarán un proceso por el que se decidirá cómo se determina la custodia de los niños, informan medios locales.

Por otro lado, los familiares -padres y dos hermanos- de Rivas que ayer fueron citados por su presunta colaboración en la sustracción de los niños se acogieron a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, según explicó su abogado, Juan de Dios Ramírez.

La fiscalía no pidió ningún tipo de medidas cautelares. Aun así, el letrado que representa en la investigación penal a Rivas y sus familiares reconoció que la situación «es muy complicada».El miércoles también acudieron a declarar la asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga de este servicio, Maite Sanz, ambas investigadas como posibles inductoras o cooperadoras necesarias en la sustracción de los niños. Ambas se acogieron también a su derecho a no declarar y luego, ante los periodistas, negaron haber «inducido, apoyado o cooperado en la comisión de ningún delito, ni de sustracción de menores ni de nada». Ayer, sus abogados pidieron el archivo de la causa contra ellas.