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EL FIASCO DEL ALMACÉN SUBMARINO

La historia del Castor en cinco capítulos

El proyecto gasístico empezó a funcionar en el 2012 y se paralizó en el 2013 tras registrarse un millar de seísmos

 

Construcción de la plataforma marina del proyecto Castor, en el año 2010, junto a la costa de Vinaròs (Castellón). - JAVIER FLORES

ANTONIO MADRIDEJOS
03/05/2017

Una reserva de gas para momentos de escasez
La plataforma Castor, situada a 21 kilómetros de las costas de Vinaròs (Castellón), se erigió para explotar un antiguo depósito natural de petróleo situado bajo el lecho marino. En él se iba a inyectar gas natural -la capacidad es de 1.900 millones de metros cúbicos, el equivalente al consumo español durante 50 días- para luego extraerlo con rapidez en épocas de menor disponibilidad. Ello evitaría grandes fluctuaciones en el precio del gas. Un almacén submarino con un objetivo similar, pero de tamaño más reducido, funcionaba ya en la costa de Vizcaya. El Castor era propiedad de la empresa Escal UGS, participada en un 66,67% por ACS, la empresa de Florentino Pérez.

 


El proyecto: la plataforma, la conducción y la estación
Además de la plataforma de inyección y extracción en el mar, el Castor incluía también una conducción submarina y una estación de procesamiento en Vinaròs, con un coste total estimado de 1.700 millones de euros. El proyecto fue aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2008 mediante un real decreto y las primeras operaciones comenzaron en abril del 2012. Se trataba de inyectar gas a presión, poco a poco, para desplazar el agua que en esos momentos ocupaba el depósito submarino. Al principio no hubo problemas, pero las cosas cambiaron cuando el depósito comenzó a llenarse.

 


La crisis sísmica y un mismo origen
A partir de septiembre del 2013, tras seis meses de inyección de gas, empezó una crisis sísmica que generó cerca de un millar de temblores. La mayoría fueron de escasa magnitud, pero los tres mayores, percibidos con claridad por los habitantes de las localidades más próximas, como Vinaròs, Benicarló y Alcanar, tuvieron una magnitud de 4 o más en las escala de Richter y sembraron la intranquilidad entre los vecinos. Al principio se pensaba que todo era debido un fenómeno natural, pero la persistencia del fenómeno y la coincidencia de los epicentros apuntaron enseguida a un único origen: la falla tectónica de Amposta se estaba moviendo debido a la presión generada por la actividad del Castor.

 


La paralización de los trabajos y la sorprendente indemnización
El 16 de septiembre del 2013, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, ordenó paralizar los trabajos al constatarse, según el dictamen científico, su clara relación con los seísmos. Entre otras instituciones, se habían pronunciado en este sentido el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En un principio, Soria anunció su voluntad de no pagar la indemnización “abusiva” alegando que no había lugar porque se trataba de un error de imprevisión de la empresa. Sin embargo, el Consejo de Ministros anunció por sorpresa poco después, el 4 de octubre del 2013, que pagaría 1.350 millones de euros a Escal, cerca de los 1.700 exigidos por la empresa, por obligarle a cesar la actividad.

 


El pago a través del recibo del gas
La indemnización será abonada durante 30 años por los ciudadanos a través del recibo del gas (siete millones de usuarios de España). Aunque la compensación pactada con la antigua concesionaria fue de 1.350 millones, el pago a plazos a través del recibo durante tres décadas, junto con los intereses, hará que la cantidad se multiplique hasta llegar a 4.700 millones de euros. El mecanismo diseñado por el Ministerio de Industria para no afectar al déficit público fue usar a Enagás, el gestor del sistema, como intermediario para que los bancos pagaran la compensación y luego se les cediera el derecho de cobro con los intereses correspondientes.