El Congreso aprobó ayer el proyecto de ley hipotecaria y del catastro que elimina el privilegio del que hasta ahora ha gozado la Iglesia para inmatricular --inscribir por primera vez-- bienes a su nombre en el Registro de la Propiedad con el único requisito de que lo certifique el obispo y sin necesidad de poseer título de dominio. Desde 1946, la Iglesia puede apropiarse de edificios y terrenos como pueden hacer las administraciones públicas, algo que desaparecerá cuando la norma, que debe ser tramitada ahora en el Senado, entre en vigor.

La pérdida del privilegio no tiene carácter retroactivo, por lo que se consolidan las inmatriculaciones ya efectuadas, entre ellas, la más polémica, la de la Mezquita de Córdoba, que las autoridades eclesiásticas registraron como catedral en el 2006. La nueva ley hipotecaria salió adelante con los votos de PP, UPD y PNV, la abstención de CiU y el rechazo del PSOE, que quería "resolver" las inmatriculaciones ya efectuadas, y la Izquierda Plural.

El diputado del PSOE por Huesca Víctor Morlán lamentó que la nueva ley no "resuelva" las inmatriculaciones de la Iglesia en el pasado que no tengan una justificación documental y pidió que en un plazo de seis meses el Ejecutivo dé a conocer cuántas y cuáles son. Morlán consideró que "las inmatriculaciones efectuadas sin la debida justificación documental pasen a formar parte del patrimonio de las distintas administraciones como bienes de dominio público".