La investigación judicial de varios casos de bebés robados en los que estaba imputada la religiosa María Gómez Valbuena, "sor María", fallecida el 22 de enero de 2013, no ha permitido acreditar la existencia de una trama dedicada al robo de bebés, según fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, archivó varios casos en los que estaba imputada "sor María" por el fallecimiento de la monja y por no haber podido demostrar que los médicos estuvieran "en contubernio" con la religiosa.
En sus declaraciones judiciales, los doctores negaron todas las acusaciones y las diligencias practicadas no permitieron constatar la existencia de "una actividad criminal organizada" en la Casa de Salud de Santa Cristina dedicada a la sustracción de recién nacidos por falta de pruebas.
El paso del tiempo, los problemas para acceder a los archivos, el fallecimiento de los implicados y los testigos que no se acuerdan de los hechos son las principales dificultades en la investigación de estos casos.
"Sor María" fue la primera persona imputada en presuntos casos de robos de bebés ocurridos en España durante el franquismo y en los primeros años de la democracia.
María Luisa Torres presentó la primera denuncia que llegó a un Juzgado en España acusando a la religiosa de detención ilegal por haberle arrebatado a su hija biológica, Pilar Alcalde, en la madrileña clínica Santa Cristina el 31 de marzo de 1982.
La monja, que se acogió a su derecho a no declarar en el Juzgado, falleció el 22 de enero de 2013 en el convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Tras la muerte de "sor María", el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid acordó en un auto del 31 de enero de 2013 el sobreseimiento provisional de la denuncia de Torres.
La denunciante recurrió la decisión del instructor por entender que la causa debía continuar contra el director de la maternidad José Zamarriego y la jefa de Administración María Antonia García Alonso por su posible participación en delitos de detención ilegal y alteración del estado civil.
La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso y confirmó el sobreseimiento de la denuncia de Torres en un auto del 29 de abril de 2014.
En la resolución, la Sección 30 de la Audiencia madrileña indica que no puede dar la razón a la denunciante porque solo contra "sor María" existían "indicios de criminalidad" y cuantos han prestado declaración en la causa señalan a la religiosa fallecida como única responsable de las adopciones.
Los magistrados de la Audiencia Provincial explican que carecen de indicio alguno del que puedan inferir que se hallen "en presencia de una actividad criminal organizada en el ámbito de la Casa de Salud de Santa Cristina para hacerse ilícitamente con recién nacidos para su posterior entrega en adopción a terceros".
La denunciante ha pedido amparo al Tribunal Constitucional, por considerar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, para que anule las resoluciones de la Audiencia madrileña y del Juzgado de Instrucción número 47 y admita la práctica de diligencias de investigación.
En la demanda de amparo, Torres alega su indefensión ante la imposibilidad de plantear sus argumentos en un juicio oral y de lograr el desarrollo de las actuaciones judiciales "indispensables" para el total esclarecimiento de los hechos.
