Las autoridades judiciales y sanitarias dominicanas investigan tres clínicas de la capital, clausuradas en las últimas horas, por presunto tráfico de órganos.
Los registros, que comenzaron en la noche del miércoles, han traído consigo que hoy el Ministerio Público y el de Salud Pública, interrogaran al personal y directivos de las clínicas Centro Médico Integral I, II y III de Santo Domingo.
Desde entonces, en los centros se han retirado documentos, ordenadores y objetos sanitarios.
Hoy mismo, varias personas golpearon el vehículo del fiscal al cargo del caso, cuando retiraba ordenadores y equipos del centro Integral II.
Según fuentes judiciales, las requisas están relacionadas, presuntamente, con el hallazgo en el oeste de Santo Domingo, del cadáver de una niña sin varios órganos, que podría pertenecer a la desaparecida Carla Masiel Cabrera Reyes, de 10 años. Un caso que sacudió a la opinión pública dominicana hace un año.
Las autoridades sanitarias dominicanas no se han pronunciado respecto a la denuncia, pero ayer jueves el Ministerio de Salud Pública informó que con el objetivo de velar por el correcto trato a los pacientes ingresados, colabora con el Ministerio Público y otras autoridades, que amparadas en la orden de un juez competente, realizan investigaciones en varias clínicas.
Expresó a su vez que espera que las autoridades competentes concluyan la investigación legal, proceso en el cual no puede interferir.
Unos de los supuestos autores de la desaparición de la niña, y que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos, acompañó la semana pasada a los investigadores a unos terrenos al oeste de Santo Domingo donde fueron encontrados unos restos óseos que aseguró pertenecían a la menor.
Asimismo, afirmó que Carla fue secuestrada para traficar con sus órganos e involucró en el proceso a una clínica del este de Santo Domingo.
Una semana después de esta declaración, las autoridades, que se habían mantenido en silencio, procedieron a registrar y posteriormente clausurar las tres clínicas, muy conocidas en el oriente de la capital dominicana.
La orden judicial de registro, según dijeron hoy el diario dominicano "El Caribe" y la cadena de televisión "CDN", se ejecuta por, supuestamente, haber violado varios artículos de las leyes relacionadas con el tráfico de órganos de manera ilegal y lavado de activos.
Esas leyes regulan la donación y legado, extracción, conservación e intercambio para trasplante de órganos y tejidos humanos.
El Consejo Nacional de Trasplante (CNT), por su parte, ha pedido al Ministerio Público "suspender" lo que tachó de "redadas" a centros médicos de la parte oriental de Santo Domingo y calificó de manipulación la relación entre el caso de la niña Carla Massiel Cabrera y el cierre.
El CNT opinó, además, que este tipo de medidas sirven únicamente para fortalecer ante la opinión pública "que una leyenda urbana" por parte del imputado principal de la desaparición de la menor "pueda verse como una posibilidad real".
