El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quiere reformar el Código Penal en materia de manifestaciones. La primera pregunta es si manifestarse violentamente en España no es delito y, de serlo, si no está penado como una bagatela. Manifestarse violentamente es delito, de entrada, desórdenes públicos, penado con hasta tres años de cárcel; si se cometen daños en la propiedad pública o privada, se pueden añadir hasta tres años; si, en fin, se agrede, aun sin lesiones, a agentes de la autoridad, otros tres años. O sea que no es ninguna minucia la pena final, pues estos delitos suelen darse conjuntamente y las penas se suman. Ello sin contar ni el delito de asociación ilícita (entre uno y cuatro años) ni el, hasta la fecha ignoto, de organización criminal (unos teóricos de dos a ocho años).

Se quiere castigar la resistencia pasiva --de delictuosidad discutible, pues nadie tiene la obligación de dejarse detener-- como activa; lo cual convierte un hecho no violento en violento, vulnerando el principio de proporcionalidad. Si una acción no violenta y una violenta tienen la misma pena, se tenderá a elegir la violenta, lo cual es, por criminógeno, disfuncional.

Penar los comunicados por internet es difícil de comentar: puede suponer desde una inconstitucional observación de las comunicaciones a una inútil persecución de algo que no es punible: una cosa es llamar a una manifestación, incluso violenta, y otra es que los manifestantes se conduzcan violentamente; por el comportamiento de estos, sin probar la existencia de una vinculación, solo pueden responder los propios manifestantes, no los convocantes. Finalmente, establecer una detención preventiva de sujetos considerados problemáticos, es volver a las franquistas y declaradas inconstitucionales medidas predelictuales de seguridad.

El tema no es la falta de arsenal punitivo; la cuestión es más bien de falta de eficacia por parte de los operadores policiales, fiscales y, en muy menor medida, judiciales, a la hora de prevenir, proceder y juzgar a los responsables, cuando realmente han sido individualizados, cosa que, como la jurisprudencia demuestra con demasiada frecuencia, no siempre ocurre. Mejórese, pues, el ámbito de la aplicación de la norma vigente. Promover leyes ineficientes es un atentado al buen gobierno. Legislar es gratis, pero no conviene abusar.