Juana Rivas tiró este lunes la toalla. El demoledor auto que, para sus intereses, dictó la jueza de instrucción número 2 de Granada, en el que le daba un ultimátum para que restituyera a sus dos hijos, de 3 y 11 años, a su padre italiano, condenado por maltrato, dio un giro a la situación y ha provocado que la vecina de la localidad de Maracena se rindiese y accediese a cumplir las resoluciones judiciales.
Por sorpresa, Rivas dejó este lunes a sus dos hijos a cargo de la policial judicial, en la comandancia de la Guardia Civil de Granada en torno las 11.50 horas. De esta forma se adelantó a la orden de la jueza, que le exigía entregar a los menores en el punto de encuentro familiar de la ciudad andaluza a las 17.00 horas. Con esta actitud, Rivas evitó las decenas de cámaras que desde primera hora estaban apostadas a las puertas de su casa y de la citada institución, protegiendo así la imagen de sus hijos.
El padre, Francisco Arcuri, que llevaba un año y tres meses sin verlos y niega cualquier maltrato, pasó a recogerlos un poco antes de las dos de la tarde y también evitó a los medios, aunque su abogado sí explicó que en un primer momento los niños estaban inquietos, pero que luego se quedaron "tranquilos". Arcuri regresará, con toda probabilidad, con ellos a Italia, según el deseo que ha manifestado en varias ocasiones.
Se cierra así, por el momento, el ‘caso Rivas’, que alcanzó un gran eco mediático y desató una gran ola de solidaridad cuando la madre se atrevió, el pasado 26 de julio, a desobedecer e incumplir la orden de entregar a sus hijos al padre, quien tiene la custodia provisional concedida en Italia, pese a que en el 2009 fue condenado en España por "lesiones en el ámbito familiar". Hasta Mariano Rajoy y la Junta de Andalucía se pusieron del lado de Rivas, si bien a medida que pasaba el tiempo y que la madre seguía desaparecida con sus hijos crecieron las voces que le aconsejaban entregarse para no empeorar su situación judicial.
La detención y busca y captura
De hecho, su desaparición abrió la vía penal y provocó que el 8 de agosto la jueza de instrucción número 2 de Granada ordenara su detención. Pero no fue hasta el 22 de agosto cuando Rivas decidió entregarse, sin desvelar el paradero de sus descendientes, ante el juzgado de guardia. Este la dejó en libertad con cargos pero la encargada de la investigación penal emitió el viernes un auto en el que la acorralaba, puesto que amenazaba a Rivas con adoptar "medidas cautelares", pedía a la Guardia Civil que tomara cartas en el asunto y, lo que dejó más abatido a su entorno, imputaba a sus asesoras y sus familiares por "partícipes" en la sustracción de menores. Todos sus apoyos, incluidas las empleadas del centro municipal de la mujer de Maracena, Francisca Granados y Teresa Sanz, fueron llamados a declarar los próximos miércoles y jueves.
Tras conocer el revés judicial, el padre de Rivas ya admitió que estaban "machacados" porque eran conscientes de que a su hija le iban a "quitar a los niños". Su hija huyó de Italia en el 2016, se refugió en Maracena y presentó una nueva denuncia por malos tratos contra su expareja. Desde entonces, ha intentado paralizar la orden de entrega de los menores por todos los medios pero existen hasta tres resoluciones firmes que la obligaron a restituir a los niños. A la desesperada, la granadina acudió incluso al Tribunal Constitucional que, por dos veces, no la amparó por defectos formales en los requerimientos.
La justicia italiana
De esta forma, Rivas solo tiene ahora un camino claro si quiere lograr la custodia exclusiva de los niños o al menos disminuir el número de tiempo que estos pasen con su padre: plantar batalla en los tribunales italianos. Según explica la presidenta de la asociación de juristas Themis, Amalia Fernández, tras la entrega la justicia española "no tiene competencia" y si Rivas quiere cambiar la situación debe trasladar la denuncia por violencia machista a Italia y solicitar allí lo que considere oportuno para proteger a sus hijos.
Mientras tanto, seguirá siendo investigada en España por sustracción de menores y desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió una nota en la que explicaba que la jueza seguirá adelante con las citaciones previstas a la familia y las asesoras, aunque dejaba sin efecto las órdenes a la Guardia Civil. Rivas puede solicitar un atenuante o eximente de estos delitos dado que finalmente ha entregado a los menores "voluntariamente", según destacó el Instituto Armado y consta en la nota del TSJA. En este contexto, la fiscalía presentó este lunes un recurso de apelación contra la decisión del juez de guardia de dejarla en libertad, que tiene que dirimirse en el próximo mes. Por tanto, aún tiene un complejo camino judicial por delante.
