Los jueces han elevado hoy el tono de sus protestas contra el Gobierno en demanda de más medios personales y materiales para la Administración de Justicia y han comenzado a hablar abiertamente de la posibilidad de ir a la huelga, medida sin precedentes en este colectivo.

Muchas de las juntas de jueces que se están celebrando hoy en toda España han acordado volver a reunirse el próximo 21 de enero para decidir si van a la huelga, mientras que en otras -como Murcia o Extremadura- se ha aprobado directamente la convocatoria de un paro laboral para el próximo 18 de febrero.

Así lo han informado a Efe varios de los participantes en estas reuniones, celebradas justo un mes después de las que, el pasado 21 de octubre, consiguieron paralizar durante varias horas la actividad judicial al coincidir con un paro convocado por los secretarios judiciales, a los que hoy el Ministerio de Justicia ha prohibido reunirse en asamblea, tal y como tenían previsto.

En España nunca se ha producido una huelga de jueces y el problema es que no existe una regulación que admita que tienen derecho a ella, pero tampoco ninguna que lo prohíba, por lo que algunos magistrados piensan que pueden ejercer este derecho y otros que no por ser el tercer poder del Estado.

Otra de las medidas que se han debatido y aprobado en muchas juntas es la de que los jueces no admitirán más asuntos en su Juzgado que los que marcan los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial.

Esta medida de presión ha sido acordada, entre otros lugares, en Madrid, donde se llevaría a cabo a partir del 1 de enero de 2009. Al contrario de lo que sucedió con las del mes pasado, las juntas de jueces han tenido hoy una incidencia mínima en la actividad de los tribunales, fundamentalmente porque los viernes no suele haber señalamientos de juicios.

Según el Ministerio de Justicia, el servicio público de la Justicia se ha desarrollado durante la jornada de hoy "con normalidad, sin perjuicios para los ciudadanos ni desajustes en el funcionamiento habitual de cada órgano jurisdiccional".

En un comunicado, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo ha señalado que, a pesar de no haber autorizado las asambleas de secretarios judiciales, su postura hacia este colectivo es "de diálogo y entendimiento".

Por otra parte, fuentes del Ministerio consultadas por Efe han declinado valorar la decisión de muchas juntas de jueces de estudiar la posible convocatoria de una huelga, al considerar que es un asunto que sólo compete al Consejo General del Poder Judicial.