Andrea tenía siete años cuando su padre la mató de un tiro. Sobre él pesaban más de 30 denuncias de su exmujer, Ángela, pero la justicia de entonces permitió que la niña siguiera recibiendo las visitas del padre. El caso llegó hasta la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en el 2014 dictaminó que los jueces y el personal administrativo debían recibir «formación obligatoria» sobre «violencia doméstica y estereotipos de género». Habían pasado diez años desde que en España se aprobó la Ley contra la Violencia de Género, que obligaba a Gobierno, CGPJ y comunidades autónomas a «asegurar una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género» a jueces, fiscales o secretarios judiciales.
Pero solo los titulares de los 106 juzgados de violencia sobre la mujer están obligados a recibir formación en perspectiva de género. Para los 355 juzgados «compatibles», que también tratan violencia de género, la formación es opcional. Esa «especialización» consiste en un curso de 16 horas de teoría on line y 10 días de estancia en los órganos judiciales. En total, 50 horas. «Con un curso así, cómo puedes conocer cómo funciona el ciclo de violencia? Eso requiere una formación. Si no la hay en violencia de género, imagínese en perspectiva de género», señala Amalia Fernández, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis.
«Tener en cuenta la perspectiva de género no es solo necesario, es una obligación legal», indica Helena Gil, de Juezas para la Democracia. «Significa, por ejemplo, exigir los mismos estándares de credibilidad a un hombre y a una mujer, con independencia del delito denunciado».
Desde el CGPJ aseguran a EL PERIÓDICO que su Observatorio para la Violencia de Género ya ha pedido que la formación sea «obligatoria para todos los juzgados con competencia en la materia y no solo los exclusivos», como reclaman de forma unánime las principales asociaciones.
En lo que concierne a los fiscales, la competencia en la formación recae en el Ministerio de Justicia, a través del Centro de Estudios Jurídicos, y no es obligatoria ni para los que ejercen en juzgados de violencia contra la mujer. «No existe formación en perspectiva de género», señala la fiscal Inés Herreros. «Cuando llegué al juzgado de violencia de género nadie me pidió experiencia previa, me hice especialista por inmersión. Entonces empecé a formarme», indica. Herreros asegura que la Fiscalía general del Estado ha hecho una labor «encomiable» para incluir la perspectiva de género en el trabajo de sus profesionales, pero no tiene autonomía presupuestaria para elegir los cursos y es «el Ministerio el que hace y deshace sin contar con la carrera fiscal».
María Auxiliadora Díaz, jueza de la Asociación Francisco de Vitoria, forma parte del grupo de expertos del Observatorio. Defiende que «hay una voluntad firme» de formar en perspectiva de género, y aunque destaca que actualmente se oferta bastante formación continua en género desde el punto de vista jurídico, no la hay en temas como la victimología y los roles.
Acceso a los juzgados
La magistrada aboga también por que no se acceda a estos juzgados únicamente por escalafón sino que sea tenida en cuenta la formación en perspectiva de género de los jueces y magistrados. Además de los cursos de 50 horas, el CGPJ oferta para el resto de la carrera judicial «actividades relacionadas con la violencia de género» y un curso de iniciación en el campus virtual.
La última memoria publicada, del 2015, recoge que se convocaron 5 cursos en los que participaron 37 miembros, todos de juzgados especializados. Son muchos los casos en los que se cuestiona la honestidad de la víctima o se interpreta su actitud frente a la presunta violación, como recuerda Fernández. «Solo desde la paridad se podrá juzgar en igualdad».
Hace ya más de una década que las mujeres son mayoría en la carrera judicial: la oposición garantiza la «igualdad de oportunidades». Pero en los puestos donde el nombramiento es discrecional, siguen topándose con un techo: la jerarquía judicial reserva lo más alto para los hombres.
