Mazazo judicial para Juana Rivas. Después de conseguir una pequeña victoria, cuando el pasado martes decidió entregarse y el juez de guardia la dejó en libertad, pero con cargos, el magistrado encargado de la causa penal, que la investiga por sustracción de menores y desobediencia a la justicia, dictó este viernes una resolución encaminada a que, esta vez deje huir de la justicia y permita que sus hijos vuelvan con su padre, pese a que en el 2009 fue condenado por maltrato. La entrega de los niños debe efectuarse el próximo lunes y como arma de presión el magistrado imputa a su entorno y familia por inducción o colaboración en la ocultación de los menores.
En un auto fechado el jueves, la jueza de instrucción número 2 de Granada es tajante y ordena a la Guardia Civil que se persone en el domicilio de Rivas, en la localidad granadina de Maracena, para «REQUERIR», y lo cita en mayúsculas, la entrega de los menores, «en cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes que así lo determinan».
La restitución debe producirse el día 28 de agosto a las 17.00 horas en el punto de encuentro familiar de Granada, el mismo lugar en el que se le pidió, el pasado 26 de julio, que devolviera los niños al progenitor, Francesco Arcuri. La madre faltó a la cita y desde entonces hasta el pasado martes permaneció en paradero desconocido y desató la campaña de solidaridad #juanaestaenmicasa.
El auto, contra el que cabe recurso, advierte a Rivas de que si esta vez vuelve a esconderse con su familia se adoptarán las medidas cautelares que correspondan «vista la gravedad de los hechos» y la «falta de colaboración total y absoluta» de la madre en el cumplimiento de tres sentencias «FIRMES» -según escribe el juez en mayúsculas- y que determinan que los niños vuelvan a Italia.
Por último, en consonancia con la petición del fiscal, toma una decisión novedosa y probablemente muy dolorosa para Rivas: citar como investigadas -imputadas, según la figura anterior- a las personas que más la han apoyado: la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y a la psicóloga de este mismo centro, Teresa Sanz, ante su presunta intervención como «inductoras o partícipes necesarios» en el delito de sustracción de menores, y las pide que comparezcan el próximo 30 de agosto.
Y hace lo propio con sus familiares de hasta segundo grado, que deberán prestar declaración a partir del jueves 31 de agosto, también como investigados.
La magistrada destaca que en la declaración que Rivas prestó este martes tras entregarse, «en ningún momento expuso dónde tiene escondidos a los menores». Asimismo, considera que «está claro» que en el ámbito civil ya se ha resuelto lo preciso para lograr la restitución inmediata de los menores a su padre, entrega que no se ha llevado a cabo «pese a que la investigada conoce plenamente la decisión judicial».
