La niña tenía 3 años cuando una pediatra le preguntó qué le había hecho su padre, ante la sospecha de que hubiera abusado de ella. «Empujarme, pegar... tocarme la vulva, chafarme la cabeza, los ojos, las manos, los dedos, la nariz, las piernas, los pies». Y esto de tocarte la vulva, ¿cuándo lo hace?, continuó la doctora. «Cuando yo le rasco el pene». ¿Y cuándo es eso? «Cuando me meto en la bañera». El encuentro fue grabado en mayo del 2016 en la Unidad Funcional de Abusos de Menores (Ufam) del hospital de Barcelona. Un parte médico había corroborado meses antes la «irritación de genitales externos» de la pequeña y en otro que la causa era por «estimulación precoz».

Mientras un juzgado penal archivó el caso, una jueza de familia ha acordado, en una resolución pionera, la suspensión de las visitas y comunicación de la menor y de su hermano pequeño con el progenitor, que ha recurrido la decisión. La resolución desacredita por «falta de coherencia» el informe de la Ufam. Una pediatra y una psicóloga exploraron a la niña y dictaminaron que la madre, que nunca fue visitada, podría haber influido en el discurso de la pequeña. No es la primera vez que este servicio está en el punto de mira.

CONDUCTAS INADECUADAS / El auto judicial sostiene que si bien la niña relató las «conductas sexuales inadecuadas», los especialistas de la Ufam descartaron sus manifestaciones, sin explicar de «forma objetiva y técnica» por qué las califican de «no creíbles». La jueza no entiende la razón que llevó a este servicio a centrarse en la figura materna, cuyo relato tampoco aceptan, «sin que conste una evaluación de la misma». La psicóloga reseña en su dictamen que de las palabras de la menor se percibe una «preocupación materna elevada» y sobre las expresiones de la niña detalla que las dice «excitada», pero «no rememorando nada traumático». El reproche judicial se basa en que la madre nunca fue visitada.

SALTA LA ALARMA / Blanca (nombre supuesto) había mantenido durante 17 años una vida apacible con su marido, hasta que su hija de 3 años le contó en septiembre del 2015 que el padre le había hecho daño en «el culete». Ese mismo día se encaró con su pareja. «No lo olvidaré nunca. Él tragó saliva y me dijo: tú eres tonta. Se le escapó la risa y se fue. Me di cuenta de que mentía», recuerda esta mujer. Hacía pocos meses que acababa de tener un segundo hijo, esta vez varón.

Ante esta situación, prohibió a su marido bañar a la niña y empezó a controlarle de cerca. Contrató un detective para que pusiera cámaras en el dormitorio de la pequeña y en el lavabo. No halló nada. Pero su hija seguía teniendo miedo y ella no podía vivir tranquila. Por eso se fue de casa con sus dos hijos y denunció a su pareja por presuntamente abusar de su hija. El caso cayó en un juzgado penal. En esa ocasión, la pequeña no rememoró los hechos al equipo de asesoramiento del juzgado y se limitó a decir que su padre era «muy malo». «Me ha hecho todas las cosas malas», dijo. Los expertos sentenciaron que cabía «la posibilidad de que los hechos no hayan pasado», que la madre hiciera «una lectura equivocada» y que la menor «respondiera de manera complaciente» a su progenitora. Por lo tanto, concluyeron que existía una «ausencia del relato de los hechos por la menor». El juez penal acabó archivando el asunto en julio del 2016.

CREDIBILIDAD DE LA VÍCTIMA / Blanca consiguió el divorcio y la mujer reclamó al juzgado de familia que anulara la comunicación del progenitor con los dos menores, aportando nuevas pruebas.

La jueza decidió el pasado febrero suspender ese régimen de visitas de los niños con su padre. En su resolución sostiene que los informes periciales sobre los dos hijos de Blanca (hace poco presentó otra denuncia por abusos de su segundo retoño) revelan «conductas sexuales inadecuadas compatibles con abusos sexuales». Asimismo, incide en la «credibilidad» del relato de la niña cuando explica tocamientos y las «prácticas de perversión sexual de su padre» y la ausencia «de manipulación por la progenitora en dicho relato».

La jueza desvela la «extralimitación» de los informes de los técnicos del punto de encuentro donde los menores eran recogidos por el padre. La magistrada afirma que la madre «no padece ninguna patología» y que su hija «tiene derecho a continuar con una niñez normalizada».