El Juzgado de Instrucción de Tarazona (Zaragoza) ha presentado una comisión rogatoria al Papa para que se pronuncie sobre el caso del párroco de Borja, Florencio Garcés, acusado de apropiarse indebidamente de 168.186 euros, después de que el Obispado "haya renunciado a ejercer acciones" contra él.
La presentación de esta comisión rogatoria por la titular de este Juzgado, Nieves Pérez, el pasado 27 de junio, fue recurrida por la defensa del párroco y ha sido recientemente ratificada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, según han informado hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
La jueza ha solicitado al Romano Pontífice que se pronuncie como titular de los bienes de la Iglesia y posible perjudicado por los supuestos hechos cometidos por el sacerdote, así como sobre la renuncia del Obispo de Tarazona a llevar a cabo de acciones penales y civiles contra el párroco.
El sacerdote, que hace justo un año ingresó en prisión provisional, está acusado de diversos delitos entre ellos apropiación indebida continuada y agravada así como falsedad en documento privado, según las mismas fuentes, que no aluden al delito de abusos sexuales, que inicialmente se le imputaba, pero que al parecer se sobreseyó tras las declaraciones de los testigos.
El asunto trascendió aún más al sospecharse inicialmente que el dinero en cuestión podría proceder de los fondos de la polémica restauración del Eccehomo de Borja llevada a cabo por Cecilia Jiménez, cuya procedencia fue negada rotundamente por la fundación que gestiona los fondos de la obra y por fuentes oficiales.
La jueza dejó en libertad sin fianza al sacerdote, unos días después de entrar en prisión preventiva, y después de que declarara en el juzgado como testigo el obispo de la Diócesis, Eusebio Hernández.
En esta operación, conocida como "Espino", habían sido detenidas en Borja por la Guardia Civil otras cinco personas, todas ellas de una misma familia, que fueron puestas en libertad con cargos tras declarar ante la juez.
Según han informado hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la juez remitió ayer un ofrecimiento de acciones a dos congregaciones religiosas de Borja, las Hermanas Clarisas y las religiosas Concepcionistas, para que puedan personarse en la causa como perjudicadas y manifestar si desean hacer una reclamación por las cantidades adeudadas o desistir de ello.
Al parecer, el párroco de Borja entregó a ambas congregaciones unas cantidades de dinero de las que, presuntamente, "sustrajo un 10 por ciento en cada una de ellas", según las fuentes, que no han precisado la cuantía de la que se habla.
Este ofrecimiento de acciones, para las que las monjas están citadas a declarar el 14 y 16 de enero, se une a que la jueza hiciera el pasado 27 de junio de 2014 al Papa a través de una comisión rogatoria remitida al Estado del Vaticano.
La Audiencia ratificó esta comisión rogatoria, ya que los magistrados argumentaron que el apelante se limita a discrepar en su escrito "sobre la legalidad de una comisión rogatoria que, en principio, en nada afectaba al derecho de defensa, y además, sin referirse, ni siquiera, a la indefensión que necesariamente debía haberse producido".
La Audiencia ha entendido que la pretendida anulación debe ser rechazada y confirman íntegramente la legalidad de la comisión rogatoria remitida por la Jueza al Estado Vaticano.
Hace ahora un año que la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona, abría diligencias contra el sacerdote Florencio Garcés como principal imputado y presunto responsable de los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento.
El sacerdote fue detenido por la Guardia Civil el 29 de noviembre de 2013 y puesto a disposición judicial.
La jueza está ahora a la espera de recibir los informes de diligencias acordadas, entre la que se encuentra la respuesta del Estado Vaticano.
