Las reformas legales y las nuevas medidas esbozadas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para atajar la violencia callejera encuentran una fuerte contestación en la mayoría de los juristas consultados por este diario. Consideran los contrarios a las propuestas de Fernández Díaz que el Código Penal ya da herramientas más que suficientes para combatir el vandalismo y por tanto modificarlo sería un gesto "cara a la galería, simbólico, innecesario", según Víctor Gómez Martín, profesor titular de Derecho Penal de la UAB.
El más comprensivo con las intenciones de Fernández Díaz de los profesionales del derecho consultados, Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, argumenta que "la violencia callejera ha adquirido una dimensión casi bélica que podría justificar una revisión del Código Penal", si bien añade que esta debería hacerse "con mimo" porque "los derechos de reunión y de manifestación son esenciales en la democracia".
El ministro explicó el martes que la convocatoria de concentraciones violentas será tipificada como delito de integración en una organización criminal. "Este delito, muy criticado, existe desde la reforma del año 2010 y creo que no se ha aplicado nunca --sostiene la catedrática de Derecho Penal Mercedes García Arán--. Fernández Díaz plantea empezar a actuar antes y meter ahí dentro la mera convocatoria de actos vandálicos. Me parece un alejamiento del derecho penal proporcional y garantista".
RESISTENCIA PASIVA Otros expertos consultados explicaron que la pretensión de Fernández Díaz de que la resistencia pasiva sea elevada a atentado contra la autoridad "parece dirigida a la resistencia pacífica del 15-M". Gómez Martín agrega que estaría "radicalmente injustificada" esta elevación a un delito más castigado y García Arán concluye que "desde el punto de vista de la proporcionalidad sería un disparate equiparar la resistencia pasiva a la activa".
"Hay un problema real de violencia callejera --prosigue la catedrática--, pero todas las conductas de las que se está hablando ya están recogidas como delito y suficientemente penadas. Se va a problemas periféricos como los pasamontañas, la resistencia pasiva y los insultos a los policías, cuando lo que hace falta es más investigación, más detenciones y más pruebas. No hay que cambiar la ley sino aplicar bien la que tenemos".
ACLARACIONES Ante la cascada de críticas a sus intenciones por parte de la oposición y de juristas, el ministro de Interior quiso aclarar ayer sus propuestas para erradicar la violencia "organizada y sistemática" que un grupo "muy minoritario" desata en protestas legítimas. Y quiso aclararlo porque sospecha que no se le entendió. En el fondo, contó, pretende incrementar las penas de delitos que ya recoge el Código Penal.
El ministro Fernández Díaz entiende que jueces y fiscales no disponen de armas jurídicas que les permitan encarcelar, tras ser detenidos, a los protagonistas de destrozos y desórdenes públicos. Como las penas por disturbios empiezan en un año de cárcel, los fiscales no pueden pedir prisión preventiva. Elevar el castigo mínimo a dos años es el gran cambio que pretende.
El ministro negó que se vaya a castigar a quienes usen internet para convocar manifestaciones que degeneren en violencia. Solo se hará si esas proclamas acaban en disturbios graves y la policía puede acreditar que forman parte de una estrategia para provocar altercados. Negó el ministro que estas nuevas medidas se hayan pensado en caliente por disturbios recientes. "Hace dos meses que hay un equipo de los ministerios de Interior y Justicia trabajando en el proyecto", aseguró. En su primera intervención pública como ministro ya habló de que había que erradicar los altercados callejeros causados por antisistema.
El ministro Fernández Díaz ha encontrado para llevar a cabo sus reforzas el apoyo del consejero catalán de Interior, Felip Puig, que además está a favor de colgar fotos de los incidentes en una web para que los ciudadanos identifiquen a sus protagonistas.
