La entrada en vigor de las leyes españolas contra el tabaquismo del 2005, que entre otros aspectos prohibían fumar en los lugares de trabajo, y especialmente del 2010, que aumentaban el veto a bares y otras áreas de uso compartido, ha tenido un efecto beneficioso e inmediato sobre la salud: entre otros aspectos, se han reducido en un 15% los ingresos hospitalarios por enfermedad obstructiva crónica, en un 10% el número de niños nacidos con bajo peso y entre un 5% y un 15% la tasa de mortalidad por infartos de miocardio.

Los datos, incluidos en una monografía de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) publicada con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra mañana, demuestran que ambas normativas, «recibidas al principio con escepticismo», han tenido un «efecto claramente beneficioso» sobre la salud, destaca uno de los coordinadores del trabajo, Esteve Fernández. Eso sí, añade: «Hemos de ir más lejos. No podemos dormirnos en los laureles».

Si los logros sanitarios son una realidad es porque ambas normas tuvieron un efecto directo en el número de personas que fuman. Del 2006 al 2014, el porcentaje de adultos fumadores se redujo a un ritmo anual del 1%, en especial en los varones (ahora son el 25%, por el 57% de 1987). También bajó de 17 (1987) a 13 (2014) el número de cigarrillos consumidos al día por la población fumadora activa. Es muy destacable al fin la cantidad de personas que decidieron dejar de fumar y lo lograron a partir de la entrada en vigor de las dos legislaciones.

La monografía, consultable en internet, la ha hecho el Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de la SEE a partir de la bibliografía disponible. En general, dice Fernández, la tendencia es positiva: por ejemplo, en un análisis de las políticas nacionales en prevención del tabaquismo en Europa, uno de los estudios citados, España estaba en el 2004 en el puesto 24 sobre 28 países, mientras que ahora se encuentra en el 8 sobre 35.

Aun así, los especialistas de la SEE recuerdan como aspectos negativos que la población adulta que fuma, el citado 25%, es todavía superior a la media de la Unión Europea, o que los jóvenes que se inician en el tabaquismo lo hacen a los 13,9 años, antes que el promedio europeo. La mayoría de fumadores respeta la prohibición de fumar, si bien el 5% sigue fumando en el trabajo, el 9% en bares y restaurantes, el 4% en discotecas y pubs, el 9,8% en vehículos oficiales y el 2,2% en taxis.

LAS LAGUNAS / Entre las lagunas del sistema español, Fernández cita primero que los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar no están incluidos en la Seguridad Social. También cree que hay margen para subir aún más el precio del tabaco, que es un factor disuasorio, en especial en los jóvenes. «En Gran Bretaña o Irlanda las cajetillas cuestan el doble», pone como ejemplo. La SEE aboga por regular el uso de los cigarrillos electrónicos en lugares públicos, equiparándolos al tabaco.

Entre los incumplimientos de las leyes, comenta el caso de jardines y otros espacios exteriores de los hospitales. «No se puede fumar en ellos, pero es fácil encontrar a gente haciéndolo. Debería haber más control y perímetros muy definidos», manifiesta.

En cuanto a las terrazas exteriores de bares y restaurantes, considera que la normativa se incumple a menudo. Además, dice Fernández, es «inconcebible» que se permita fumar en algunas instalaciones deportivas.