La alerta lanzada por recientes encuestas sobre el incremento del machismo entre los más jóvenes tiene ya una traducción en el mapa del maltrato. El número de menores enjuiciados por violencia machista en el 2013 aumentó el 4,8% respecto al año anterior. Un total de 155 jóvenes pasaron por los tribunales y, de ellos, 133 recibieron algún tipo de pena, según el último balance anual del observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentado ayer. Frente al nuevo dato, el Gobierno ha tomado nota, mostrado su inquietud y poco más.

"Es una de las cuestiones que más nos preocupa. A pesar de que esos jóvenes han crecido en democracia, se han educado en valores y, según la ley, en igualdad, mantienen determinadas conductas machistas y asumen comportamientos propios de la violencia de género, como creer que ser celosos es positivo o querer controlar las contraseñas del móvil", afirmó tras conocer el dato la secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero.

La presidenta del observatorio, Ángeles Carmona, apuntó que "es necesario seguir educando en igualdad" para luchar contra este neomachismo, lo mismo que recomiendan la mayoría de expertos. Pero esta directriz no tiene una traducción en la polémica ley de mejora de la calidad educativa (LOMCE). Al contrario, con esta norma se suprime Educación para Ciudadanía, la asignatura que incluía la enseñanza en igualdad. Para compensarlo se considera esta materia de carácter transversal.

LA BOLSA OCULTA

Otra cuestión que preocupa a las asociaciones de mujeres y a las administraciones es la caída del número de denuncias por maltrato. Con el 2013 son ya cinco años consecutivos en que se produce esta reducción. En el 2008 se alcanzó el máximo con 142.125, una cifra que el año pasado quedó en 124.894, es decir, un descenso acumulado del 12%. El número de solicitudes de órdenes de protección también descendieron el 5%. Se presentaron 32.831, de las cuales se estimaron 19.349.

Nadie contempla la posibilidad de que estos indicadores marquen un descenso del maltrato. Sobre todo porque los datos de mujeres asesinadas revelan la existencia de una enorme bolsa oculta.

De las 54 fallecidas el año pasado, solo 11 habían interpuesto previamente una denuncia. Y de las 18 que han muerto en lo que va de año, lo habían hecho seis. Las encuestas apuntan en la misma dirección. "El miedo o la mala conciencia" alejan a las víctimas de las comisarías y los juzgados, según Carmona, que apuntó tres posibles factores añadidos para explicar el descenso estadístico tan acusado: la crisis, que restaría independencia económica a las mujeres, la caída de la población y la falta de información.

Carmona resaltó que la denuncia es la única manera de lograr que "la maquinaria funcione" y lanzó un llamamiento a los familiares y allegados de las víctimas de malos tratos, ya que muchas mujeres no se atreven a denunciar porque "el entorno no las apoya". "Se trata de hacer cómplices a todos", señaló Carmona, que derivó la toma de cualquier tipo de medidas a "otros organismos" del Gobierno.

Los partidos de la oposición culpan al Ejecutivo por recortar el dinero destinado a servicios de atención a las víctimas y por disminuir las campañas informativas y de concienciación.