El dictamen del abogado general del Tribunal de la Unión Europea (TUE) a propósito de la responsabilidad de los contenidos en casos de derecho al olvido en internet ha provocado la reacción de varias agencias estatales de protección de datos, que temen que el futuro reglamento europeo exima definitivamente a Google. Aunque el parecer del jurista Niilo Jäaskinen no es vinculante, su pretensión de que solo las webs tengan que borrar el contenido que sea dañino para particulares cuando así se les solicite genera dudas entre los expertos y abre un debate que deberá tener sus conclusiones en forma de sentencia del TUE a finales de año y de reglamento antes del fin de esta legislatura europea, en el 2014.
Un debate para el que incluso la agencia de protección de datos francesa, la CNIL, ha abierto una consulta entre los internautas franceses para preguntarles qué esperan ellos del derecho al olvido. La propia CNIL considera que se tiene que poder pedir al motor de búsqueda que borre totalmente una información y sus réplicas de los resultados, además de al propietario de una página web.
La comisión que estudia la redacción del futuro reglamento también consideró en un documento de octubre del 2012 el derecho a reclamar que se borren datos relativos a cuando se era menor o cuando los datos ya no son necesarios.
"¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando no se puede localizar al propietario de una web, cuando el contenido está en muchísimas fuentes o cuando la web se aloja en un país fuera del ámbito de acción de la Comisión Europea?", se pregunta la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El organismo que vela por la seguridad de los datos personales en España considera que Google tiene un papel más allá del automatismo del buscador que le atribuye el dictamen al relacionar contenidos.
"Una empresa que en parte es la que ha generado el problema y que gana muchísimo dinero con la explotación comercial de los contenidos debería contribuir a reparar los daños que causa como parte de su responsabilidad social corporativa. Hay ciudadanos que están sufriendo las consecuencias", consideran fuentes de la AEPD.
La agencia ha rechazado hasta ahora algunas de las 200 reclamaciones presentadas para retirar enlaces en nombre del derecho a la información, pero ha defendido bastantes de ellas al considerar que afectan a la vida personal de particulares sin proyección pública o hacen referencia a hechos pasados que pueden perjudicarles en su vida actual. "Se trata siempre de información privada que no tiene relevancia pública", considera.
LA "CREDIBILIDAD" DE GOOGLE La respuesta del buscador ha sido siempre que borrar contenidos a petición de los usuarios si no hay un delito de por medio sería alterar los resultados de búsqueda y que no va a "censurar en internet" porque perdería "credibilidad", como recordó la encargada de asuntos jurídicos de Google para España, Portugal e Israel, María González Ordóñez. La empresa, en estos casos, suele remitir al administrador de la web donde aparece la información o insta a que se reclame a la sede central en California, un estado donde el derecho al olvido solo está expresamente reconocido en casos de morosos.
Gran parte de los problemas vienen de la creciente digitalización de archivos, que ha hecho que los robots de Google consideren como nuevos textos muy antiguos.
