Con la llegada de la perestroika (reconstrucción) de Mijail Gorbachov en 1985, millones de rusos se convirtieron de la noche a la mañana en manifestantes aficionados. A diferencia de los mítines organizados por el entonces Gobierno comunista, con asistencia obligatoria, las manifestaciones populares eran un oficio para los intelectuales y los nuevos líderes que, de pronto, saltaron al escenario político y un espectáculo gratuito para su enorme público que se concentraba los fines de semana en los alrededores del gigantesco estadio Luzhniki de Moscú, bajo la imponente estatua de Lenin.
El capitalismo salvaje de los años 90 puso fin a la época de los tribunos. Hoy día una manifestación que reúna a más de mil personas se considera todo un acontecimiento en la capital rusa. Los partidos políticos que añoran las multitudes gastan ahora grandes fortunas en la organización de los mítines, mientras la mayor parte de los participantes reciben una remuneración en metálico por desempeñar su papel.
"La diferencia entre un modesto piquete, que exhibe pancartas con lemas y consignas políticas, y una manifestación de 50.000 personas sólo está en el presupuesto. Se pueden organizar ambas cosas en sólo varios días", declara a este diario Serguei, especialista en organización de reuniones públicas, que dirige una consultoría moscovita cuya actividad oficial es programar campañas electorales.
Una garantía
Hay decenas de compañías semejantes en Moscú que cobran a los interesados entre 300 y 500 rublos (entre 9 y 15 euros) por cabeza. Los propios manifestantes reciben entre 100 y 200 rublos (entre 3 y 6 euros), una suma que puede interesar a estudiantes y pensionistas dado que se gana con aguantar un par de horas al aire libre. Los asistentes privilegiados son los que están dispuestos a pelearse con la policía y a ser detenidos delante de las cámaras de televisión. Son imprescindibles para mítines que no cuenten con el permiso de las autoridades locales.
"Una pelea entre los manifestantes y las fuerzas antidisturbios es un espectáculo que se vende muy bien y siempre atrae la atención de los medios. Es una garantía de que la manifestación saldrá en las noticias", opina Kirill Ivanov, portavoz del ala juvenil de la liberal Unión de las Fuerzas de Derecha. Según Ivanov, en algunas ocasiones existe un acuerdo secreto entre la policía y los organizadores que marcan de alguna manera a los combatientes preparados para ser detenidos. Los demás salen ilesos de la inevitable confrontación.
Además de las empresas, están los llamados brigadiri (brigadistas) que controlan a fanáticos del fútbol, cabezas rapadas y otras agrupaciones de jóvenes. "Es curioso, pero las mismas caras pueden aparecer en un reportaje sobre la manifestación a favor del Kremlin y en contra del Kremlin. Pero así es el negocio", explica Gueorgi Satarov, director del centro Indem, que se dedica a los estudios de la opinión pública.
Para aumentar el número de participantes también se puede traer gente de provincias. La organización juvenil pro-Krelim Yendo Juntos fue la primera en utilizar esta táctica. "Traían a Moscú a cientos de estudiantes de ciudades lejanos sólo con pagarles el viaje y la comida. A los más activos y persistentes les regalaban móviles e incluso viajes a un balneario", indica Satarov.
Ivan Jotinski, de 27 años, que vive en la ciudad de Podolsk, a 30 kilómetros al sur de Moscú, viene con frecuencia a la capital moscovita para participar en reuniones públicas organizadas por sus empleadores. "Se puede ganar así hasta 5.000 rublos (145 euros) al mes. Además, te ayuda obtener contactos", confía.
Mientras tanto, la ley de manifestaciones y mítines existente en Rusia, enmendada bajo la presidencia de Vladimir Putin, obstaculiza hasta el límite la organización de reuniones públicas que no sean controladas por las autoridades. Los organizadores han de pedir permiso con al menos 10 días de antelación y han de presentar todos los detalles de la futura manifestación. Aun así, la autorización oficial no está garantizada.
