La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Cristina Narbona ha alertado en la explicación de su voto en contra de la reapertura de Garoña que el pleno de este organismo lleva “una larga cadena de decisiones adoptadas desde el 2013 (…) orientadas a facilitar la reapertura de la central nuclear de Garoña” para iniciar con ella “la regulación de la operación a largo plazo del parque nuclear español, hasta los 60 años de funcionamiento”.

La consejera hace un repaso en su escrito a un total de siete decisiones tomadas desde el citado año por el regulador que han ido abriendo la puerta al alargamiento de la vida útil de Garoña y, por extensión, al resto de centrales, decisiones sobre las que, recuerda,“siempre” ha votado en contra.

Narbona también critica que no se fije un límite temporal a la renovación de la licencia. "Es la primera vez desde el año 1999 que el CSN hace un informe favorable en el que no se establece ningún límite para la renovación que se va a otorgar por parte del Ministerio, que tiene la última palabra", señala.

Como ya adelantó en la rueda de prensa posterior a la votación del CSN, la exministra del PSOE basa también su 'no' en que los propietarios han incumplido la condición impuesta desde el 2009 de llevar a cabo una serie de inversiones en seguridad.

Los cuatro consejeros restantes votaron a favor y tres de ellos, a excepción del presidente, han publicado también su explicación. Rosario Velasco, la vicepresidenta del CSN, nombrada como Narbona a propuesta del PSOE, responde a la exministra que su voto "no es ideológico", sino que se refiere exclusivamente a la seguridad nuclear y protección radiológica y responde estrictamente a "evidencias basadas en los informes técnicos".

CAÑETE RESPETA LA DECISIÓN

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, también ha terciado en la polémica al asegurar este viernes que la política de la Comisión Europea sobre la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares pasa por dejar la decisión en manos de los Estados. Si estos deciden prolongar el funcionamiento de las plantas, Bruselas estará de acuerdo, siempre que se garantice que se cumplen las condiciones de seguridad.