E juez que instruye la causa del MD-82, Javier Pérez, lanzó ayer una ofensiva contra el vídeo del accidente difundido el jueves por EL PERIÓDICO y El País. A este último diario le requisó todas las grabaciones de audio y vídeo emitidas a través de su página web y le ordenó "el cese" de su publicación. La actuación se produjo hacia las 16 horas de la tarde en la sede central de El País en Madrid y duró apenas unos 20 minutos. El tiempo necesario para que el director, Javier Moreno, hiciera entrega del material a los tres guardias civiles de paisano que se presentaron en la redacción para hacer cumplir el auto del juez. Estos habían advertido que de no efectuar la entrega, los responsables del periódico incurrirían en un delito de desobediencia a la autoridad.
El director del rotativo remitió poco después un escrito de respuesta al juez en el que le anuncia su decisión de seguir emitiendo "la información audiovisual difundida" porque "ha sido legítimamente obtenida y queda amparada por el derecho a transmitir y recibir información veraz, consagrado en el artículo 20.1d de nuestra Constitución".
REVELACIÓN DE SECRETOS El juez inició la ofensiva unas horas antes al incoar expediente por un presunto delito de revelación de secretos por el vídeo y por el borrador del informe preliminar elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC). El magistrado dio instrucciones urgentes a la policía judicial de la Guardia Civil para que efectúe las investigaciones pertinentes para averiguar quiénes han sido las personas que han proporcionado a los medios estos documentos, según indicaron fuentes jurídicas. Mientras tenía lugar la entrada de la Guardia Civil en el rotativo, estas fuentes señalaban que la actuación no iba contra los periódicos ni contra la difusión de las imágenes, sino contra la fuente informativa de los mismos.
La actuación del magistrado no es producto de la denuncia penal presentada el día anterior ante el juzgado de guardia por el Colegio de Pilotos de Aviación Civil contra el Ministerio de Fomento. Javier Pérez ha actuado de oficio, por propia iniciativa contra lo que considera "la presunta comisión de un delito", aunque es probable que el juzgado que estaba de guardia le traslade la denuncia.
La comisión de investigación, cuyo pleno se reunía ayer para aprobar el informe preliminar, ni siquiera analizó el borrador, sino que empleó varias horas en debatir cómo debía reaccionar ante la filtración del mismo.
Varios de sus integrantes, que habían amenazado con dimitir, se mostraron partidarios de sumarse a la demanda judicial de los pilotos, pero al final acordaron tramitar una denuncia por la vía administrativa acogiéndose al artículo 16 de la ley de seguridad aérea. Este obliga a sus miembros a mantener reserva sobre aquellos documentos y pruebas a los que han tenido acceso a partir de la investigación.
MULTA DE 90.000 EUROS La normativa considera una infracción de carácter grave vulnerar ese artículo con una multa máxima de 90.000 euros. El expediente a que dará lugar la denuncia deberá ser abierto y resuelto por la Dirección General de Aviación Civil, órgano integrado en el Ministerio de Fomento.
Enfrascada en este debate, la comisión incumplió el plazo máximo de 30 días que marca la normativa internacional para aprobar y hacer públicos estos documentos. El día en que vencía esa fecha, ayer mismo, el pleno de la comisión solo "escuchó las alegaciones" al borrador recibidas de las partes implicadas y empleará "los próximos días" en estudiarlas "con vistas a la aprobación de lo que será el informe preliminar del accidente" de Barajas, según reza un comunicado.
El anexo 13 de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) establece en su apartado 7.4 que los informes preliminares se envíen a esta entidad y al resto de estados "dentro de los 30 días de la fecha en la que ocurrió el accidente".
PROFUNDO MALESTAR En el resto de la nota, la comisión se extiende en consideraciones críticas con la difusión del documento. Aseguran que ha causado un grave perjuicio "al organismo investigador y a la propia investigación" y que los vocales del pleno de la CIAIAC "desean expresar su profundo malestar" porque desconocían el contenido del documento cuando fue distribuido a las entidades que debían conocerlo para formular alegaciones.
La comisión advierte que el borrador no es un informe oficial, sino "un documento de trabajo confeccionado con el propósito de ser comentado en el ámbito de la investigación técnica de las partes involucradas". La CIAIAC es un organismo que depende orgánicamente del Ministerio de Fomento, pero que tiene garantizada su independencia a través de la ley de seguridad aérea.
