Las devoluciones en caliente y los derechos de las personas inmigrantes pusieron en serios aprietos a España ayer en el examen periódico de la ONU, en Ginebra. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, tuvo que afrontar las cuestiones que decenas de delegaciones le plantearon en materia de derechos humanos. Cuestiones que, como se preveía, superaron con creces las del primer examen, que se celebró en el 2010.
Fueron bastantes los países que mostraron su preocupación por las llamadas devoluciones en caliente, a las que el secretario de Estado denominó «denegaciones de entrada». «Un eufemismo en toda regla», considera Aida Guillén, directora gerente del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). La delegación española pudo eludir el tema en la primera ronda, pero no así en la segunda tanda, cuando Ybáñez se vio obligado a abordarlo después de que países como Japón, Noruega o Rusia, entre otros muchos, insistiesen en el controvertido asunto.
«Las denegaciones de entrada se llevan a cabo en el marco fronterizo de Ceuta y Melilla cuando no se produce la entrada en el país sino que son interceptados antes», expuso Ybáñez. En su discurso, el secretario de Estado alegó que había que proteger la frontera exterior. El dirigente argumentó que debe tenerse en cuenta que «debido al carácter masivo y violento» de los grupos de inmigrantes que intentan superar la valla, «las actuaciones no son solo de vigilancia» sino también de «seguridad».
En referencia a la disposición adicional en el proyecto de ley de seguridad ciudadana que prevé cambiar la ley de extranjería para dar cobertura jurídica a estas devoluciones, Ibáñez aseguró que «la respuesta legislativa que finalmente se dé a esta cuestión estará, sin duda, en conformidad con las obligaciones internacionales de España en materia de acceso a la protección internacional y al principio de no devolución».
PLAN DE DERECHOS HUMANOS
Durante la sesión, las delegaciones preguntataron en varias ocasiones sobre el plan de derechos humanos, a lo que el secretario de Estado de Asuntos Exteriores respondió que «el compromiso es seguir avanzando en su elaboración». Ademas, fueron varios los países, como Ecuador, Gabón o Ghana, los que en sus recomendaciones pidieron a España que ratificase la convención internacional sobre la protección de derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Era otra de las cuestiones que ya se le plantearon en el 2010 y que volvieron a sacar a colación numerosos países sudamericanos, preocupados por la protección legal de quienes abandonan sus países.
También hubo alusiones a la pérdida de derechos que sufrieron los inmigrantes irregulares con la privación de la tarjeta sanitaria, extremo por el que diversas delegaciones expresaron su malestar. El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, salió del paso contestando que la cobertura sigue siendo una de las «mayores» de la Unión Europea, y que sigue habiendo garantías sanitarias en casos de enfermedad grave, accidentes, atención de embarazos, partos y pospartos. Y subrayó que es que es completa para menores.
VIOLENCIA SEXISTA
La desigualdad entre hombres y mujeres y las víctimas de violencia doméstica fueron otros de los temas más aludidos por las delegaciones, como también lo fueron los discursos racistas y xenófobos o la prisión incomunicada. El proyecto de ley de seguridad ciudadana fue abordado por varios países, como Suecia, que mostraron su preocupación por la limitación del derecho a la huelga y el derecho a reunión. Suiza recomendó a España «justicia, reparación y garantía» para que no se repitan los crímenes del franquismo. Uno de los puntos que no se mencionaron durante el debate fue el derecho de alimentación, mientras que el de la justicia universal solo fue mencionado por la representación alemana.
«El titular es que cinco años después del primer examen, y cuando son estados que examinan a otros, con todo el lenguaje diplomático, salieron muchos más temas que en el 2010», afirma Guillén. «Está clarírismo que no cumplimos algunos estándares internacionales», confesó la directora gerente del IDHC.
