Los partidos políticos de la oposición, con excepción de Ciudadanos, han firmado este martes un pacto por el que se comprometen a seguir los requisitos legales que devuelvan el carácter de universal a la sanidad pública española, condición que quedó en suspenso en abril del 2012 tras la publicación de un decreto ley del Gobierno de PP que excluyó a las personas que residieran en España en situación legal irregular.

La medida del PP afectó a unas 800.000 personas. Los gobiernos autonómicos de Cataluña, el País Vasco y Andalucía evitaron aplicar dicha medida ofreciendo credenciales sanitarias válidas únicamente en dichas comunidades.

Propuesta socialista

El pacto político hoy suscrito fue propuesto por el PSOE al inicio de la actual legislatura. Su objetivo es "blindar" el modelo del Sistema Nacional de Salud que se financia a través de los impuestos, evitando que el acceso a la sanidad pública quede supeditado al aseguramiento de los trabajadores que, lógicamente, disponen de documentación reglada.

La exclusión de los simpapales del derecho a la asistencia implicó, según sus detractores, no solamente un acto insolidario que suprimió derechos humanos fundamentales, sino un riesgo sanitario, dada la imposibilidad de acceder a las vacunaciones y la prevención o atención de enfermedades transmisibles en que quedaron los excluidos del sistema.