En pleno año electoral y de un notable auge del interés político, 95.015 ciudadanos españoles no podrán votar en las próximas municipales. Ni siquiera figuran en el censo. Son personas con una discapacidad intelectual o psicosocial que perdieron el derecho de sufragio al ser incapacitados judicialmente. En muchos casos sus padres o tutores iniciaron el proceso para protegerles a la hora de regir sus bienes, pero los jueces les retiraron sus derechos civiles en lugar de aplicarles una incapacitación parcial. Hoy vuelven a reclamar un derecho reconocido por las leyes internacionales, aprobado en el Congreso de los Diputados y pendiente de una reforma ejecutiva que nunca llega.
Dincat, la federación catalana de la discapacidad intelectual, inició ayer una campaña para reivindicar el derecho de voto del colectivo. Denuncian que en España los procesos de modificación de la capacidad, que sirven para proteger a la persona en distintos ámbitos, están siendo "potenciales fuentes de vulneración". En muchos casos se está evaluando la competencia de los afectados mediante unas pruebas intelectuales a las que no se enfrenta el resto de ciudadanos. Numerosas normas internacionales recogen el derecho de voto de los discapacitados mentales, como la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó en el 2008.
VERGÜENZA
T. S., el padre de un joven de 18 años de Dincat que inició un proceso de incapacitación sin saber que el juez podía retirarle sus derechos civiles, se declara "absolutamente arrepentido" de haber iniciado el proceso y siente "vergüenza de ser ciudadano de este país". Su hijo tiene una discapacidad del 33%, un alto grado de autonomía y hace prácticas en un hotel sin ningún apoyo especial. Visiblemente afectado, el padre del chico califica de "atropello" la retirada del derecho de voto de su hijo."ñEl criterio de una persona con discapacidad es tan válido como el tuyo, si no las personas superdotadas deberían votar el doble", concluye.
Aunque la retirada del derecho de sufragio afecta a miles de personas, los casos en que se recurre la decisión judicial son muy pocos, ya sea por falta de información, por el coste económico o por prejuicios.
LA LEY
La ley electoral española apoya la supresión del derecho de voto, sin embargo, la Convención de la ONU tiene rango constitucional y los jueces podrían anteponer esta norma internacional mientras la española se adapta. Pero esto solo ha sucedido en casos contados. En una instrucción del 2010, la Fiscalía General del Estado estipuló que los jueces solo pueden privar del derecho de sufragio "en casos excepcionales". Determina que la privación del voto "debe contemplarse con carácter restrictivo, dada la importancia del derecho que se limita, que, además, incide negativamente en la integración social". Sin embargo, numerosos fiscales no aplican esta instrucción y la privación del derecho de voto está lejos de darse solo en casos excepcionales.
Todos los partidos del Congreso acordaron en octubre del 2013 reformar la ley electoral en este aspecto. El Gobierno se dio seis meses de plazo para actuar. Ha pasado un año y medio. El objetivo era adaptar la legislación española a la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España hace ya siete años. Pero a pesar de ello, la restitución del derecho de sufragio sigue en lista de espera. Numerosos expertos reclaman que, más allá de un derecho civil, el sufragio es una cuestión de derechos humanos.
T.S. le ha contado a su hijo solo una parte de la sentencia que lo inhabilita. "Si yo estoy pretendiendo que dé lo máximo de sí mismo constantemente, viendo sus potencialidades, ¿cómo le voy a decir que un juez ha decidido que no puede hacer nada?".
