Desde hace dos meses, el abogado valenciano David Sandoval es el nuevo presidente de Greenpeace España. La influyente oenegé, que supera los 115.000 socios tras aumentar un 23% en el último lustro, se mantiene firme contra las nucleares, refuerza su batalla contra los plásticos, modula su oposición a los transgénicos y ve amenazado el espacio democrático en el país.

-Este 2018 es el año de la batalla definitiva de las renovables porque debe publicarse la directiva europea, ¿qué espera Greenpeace?

-Las expectativas no son buenas, puede que suba un poco el porcentaje exigido, que era muy conservador, pero hablamos de subir igual tres puntos. Llegaría al 30% del total, con suerte.

-Esa norma puede marcar el futuro del ‘impuesto al sol’. ¿Cuál es su propuesta sobre el llamado ‘peaje de consumo’?

-Que no haya peajes, como en algunos lander alemanes o en algunos estados de EEUU. Lo que pedimos es el balance neto, consumes 100, produces 20 y pagas 80. Además, el peaje no lo están aplicando, no lo están cobrando. El procedimiento administrativo para darse de alta es tan complicado que la gente no lo está haciendo. La única función fue paralizar que hubiera una explosión de autoconsumo y eso se consiguió.

-El argumento del Gobierno era que si no se paga, le subiría la cuota al resto…

-Claro, y que te aprovechabas de la existencia de una red, pero como ese impuesto no existe en ningún país son argumentos fáciles de contrarrestar. Si en el resto funciona y la red no se cae, no se sostienen.

-Algunas comercializadoras ofrecen ahora ‘certificados de energía verde’ aunque no se puede garantizar de dónde viene la producción. ¿Qué opinión tienen?

-No puedes separar qué viene de una fuente o de otra, eso cualquiera lo sabe pero es una estrategia de márketing buena. Muchas comercializadoras nos han pedido apoyo, diciendo ‘vendo 10.000 kilovatios de potencia y compro los mismos a productores de verde por tanto lo que vendo es verde’ y no hemos querido entrar porque tenemos que ser puristas y no se puede certificar. Pero se está logrando que el ciudadano conozca y demande y que algunas comercializadoras cambien.

-¿Está ganada la batalla de los plásticos de un solo uso tras el anuncio de su prohibición en 2020?

-Estamos contentos aunque aún está por desarrollar. En la última campaña probamos que la cantidad de plásticos en el mar era infinitamente superior a lo que creíamos. Estamos contentos porque nos estamos concienciando. Antes parecía que solo molestaba, y ahora sabemos que es peligroso. Los científicos ya dicen que en breve, cuando nos hagan análisis de sangre van a medir el microplástico que tenemos. Flipa.

-Uno de los ejes de actuación de la nueva directiva es la recuperación del espacio democrático. ¿Lo ven amenazado?

-Sí, vemos un retroceso en derechos básicos. Hace años teníamos una campaña para que los derechos medioambientales fueran reconocidos como fundamentales en la Constitución. Era una expectativa hace diez años y ahora se ha dado la vuelta, ahora es ‘no me puedo expresar de esta manera’, o ‘cuidado con ese tuit’. La defensa del medioambiente solo se puede hacer en un espacio democrático consolidado.

-¿Es la libertad de expresión el derecho más amenazado?

-Entre otros. La ley mordaza es un ejemplo. Primero te dicen que es por tu seguridad y luego te lo aplican a ti.

-Se dijo que en parte era una ley anti-Greenpeace…

-Hay cláusulas claramente anti-Greenpeace como donde dice ‘si usted se sube a un edificio emblemático para colgar una pancarta, son 300.000 euros’.

-Hablemos de transgénicos. Ha quedado claro que no era cierto que fueran a acabar con el hambre como decían sus defensores pero tampoco hay evidencias científicas de que haya ningún peligro en los alimentos.

-Hay un principio de prevención científica. Los científicos que los defienden decían que no había ningún problema en soltarlos en la naturaleza y que nunca se iban a hibridar o que era muy difícil y ya ha pasado. Por eso mantenemos un principio de prevención, pero en los últimos informes se ha bajado la atención sobre eso y se incide más en que detrás hay un control de la producción de los agricultores, que a corto plazo es mucho más peligroso.

-¿Cuáles son las siguientes centrales nucleares que deberían cerrar como Garoña?

-Cofrentes y Vandellós II deberían ser las siguientes cuya licencia no se renueve. Y Almaraz también está ahí. Cofrentes es la que más incidentes ha tenido en el último año y medio. Si se le aplican los mismos criterios que a Garoña, en materia de garantías de seguridad para funcionar diez años más, a lo mejor no les sale rentable que continúe. Lo lógico sería eso. El otro factor sería el desarrollo de las renovables sin prima. Si entre Europa y el factor interno se deja que las renovables tengan el peso que pueden tener, el que el sistema nuestro podría absorber, las nucleares no hacen falta en España.

-¿Qué supone para las oenegés casos de supuestos abusos y acoso como el de Oxfam o ahora el de Greenpeace en Argentina?

-Es un palo. El problema es que las oenegés son receptáculo de esperanzas y cuando sale un caso así tiemblan los esquemas de las personas que lo están dando todo todos los días. Nosotros hace tiempo instalamos políticas muy duras, se creó la figura del integrity officer para coordinar las políticas dispersas y cuando salió lo de Argentina lo primero fue una primera miniauditoria. Toca ver que todo está engrasado y funciona y en España estamos bien.