La pobreza en Cataluña es culpa del Estado español, del déficit fiscal que se lleva dinero que no regresará jamás. Este es el resumen de la argumentación con la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha abierto este miércoles en el Parlament el balance de la aplicación de las medidas aprobadas por el pleno sobre la pobreza celebrado en marzo del 2016, que en buena parte quedaron en suspense a la espera de la aprobación de los presupuestos.

El presidente catalán tenía una buena y una mala estadística: ha admitido que la población en riesgo de pobreza en Catalunyaaumentó del 19% al 19,2% del 2015 al 2016, pero ha agregado que, si se mira por el índice AROPE, el índice se redujo del 23,5% al 22,5%.

Puigdemont ha mencionado el fruto principal que el Govern puede esgrimir: la renta garantizada de ciudadanía, que sustituirá a la renta mínima de inserción, asumiendo a sus titulares actuales y ampliando la cobertura al colectivo de las familias monoparentales.

INDICADORES DE RENTA

Puigdemont ha subrayado que, por renta, Cataluña ocupa el número 68 de 272 regiones europeas, y que, en cambio, figura en el 163 del índice de progreso social. “¿Cuál es el motivo de la diferencia entre estos indicadores? La respuesta es evidente: el déficit fiscal del 8%, que se va y no vuelve”, se ha respondido a sí mismo. De ahí, ha argumentado, la necesidad de que Cataluña cuente con su propio Estado.

El ‘president’ ha cedido parte de su intervención al vicepresidente y titular de Economía, Oriol Junqueras, a la ‘consellera’ de Presidència, Neus Munté, y a la deTreball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. Junqueras ha repasado el aumento de los presupuestos en partidas sociales: 625 millones de euros más en educación, 408 millones más en salud, 239 millones más en trabajo y 29 millones más en vivienda. También ha vaticinado una mejora en la economía, que, ha concluido, beneficiará también a los más necesitados.

“Hablamos de un alto grado de cumplimiento”, ha dicho Munté sobre las 273 resoluciones que salieron del pleno de marzo del 2016. Según datos de la comisión de seguimiento del pleno (el próximo se hará público el 20 de julio), un 87% de las medidas está en curso o aplicándose. De esas 273, ha recordado Munté, 80 dependían de la aprobación de los presupuestos.

LA RENTA GARANTIZADA, EN SEPTIEMBRE

A Bassa le ha correspondido exponer el principal bagaje del actual Govern en la lucha contra la pobreza: la renta garantizada de ciudadanía. “La respuesta a la emergencia social y un cambio de paradigma en la lucha contra la pobreza. Establece un derecho subjetivo, sin límite presupuestario. Garantizamos la universalidad”, ha destacado la ‘consellera’. Con esta prestación, ha dicho, se combatirá la dificultad en distintos frentes, la pobreza infantil incluida.

Bassa ha recordado que el Govern cuenta con que la renta garantía de ciudadanía empiece a otorgarse el próximo 15 de septiembre. De hecho, supondrá regresar, en parte, al sistema previo al recorte drástico de la renta mínima de inserción que puso en práctica el Ejecutivo de Artur Mas en el 2012, cuando esta dejó de ser un derecho subjetivo, por lo tanto, quedó limitada a un presupuesto concreto, previa expulsión de la ayuda de más de 5.000 de los 30.000 titulares que había en julio de ese año.

Los argumentos de Puigdemont, Junqueras, Munté y Bassa no han convencido a la oposición. Por Ciutadans, Inés Arrimadas ha asegurado que estaba convencida de que no se hablaría de independencia al abordar el seguimiento del pleno sobre la pobreza y ha criticado por ello a Puigdemont. El socialista Miquel Iceta ha recordado que el riesgo de pobreza fue en el 2016 dos décimas superior a la del 2015 (la buena noticia del ‘president’) y ha subrayado que, aunque ha habido recuperación económica, esta no ha alcanzado a todos, lo que obliga al Govern a actuar.

La diputada de Catalunya Sí que es Pot Marta Ribas ha recordado -al igual que hacen las entidades sociales- que las medidas acordadas en el pleno sobre la pobreza tenían carácter de urgencia, si bien un año y tres meses después no se ha llegado a hacer una reforma de la todavía existente renta mínima de inserción que perecerá para dar paso a la renta garantizada. “Se han hecho cosas, pero creemos que solo podemos hablar de un cumplimiento insuficiente”, ha concluido.

LA CLASE MEDIA

“Se hace difícil poder articular un debate interesante cuando el que tienes delante tiene como único recurso culpar de forma sistemática al Gobierno de España”, ha afirmado el popular Xavier García Albiol, que ha querido “poner cara” a las familias que han sufrido los estragos de la crisis. Familias, ha dicho, de la clase media que han tenido que capear el temporal con la ayuda de sus mayores, los pensionistas.

Por la CUP, Gabriela Serra ha defendido que una nueva república catalana debe afrontar la distribución de la riqueza,abandonando el asistencialismo y ha reprochado al Govern que saque pecho por la ley de la renta garantizada de ciudadanía, cuando aún no se ha aprobado y cuando tiene un alcance limitado: “La renta garantizará una subsistencia decente, que no es lo mismo que una vida digna”.