Es invisible, sutil y solo perceptible por las personas que lo sufren. Son miradas, insultos de un vecino, negar la asistencia sanitaria o comprobar que, cuando te acercas a una persona, sujeta con fuerza el bolso. Es el racismo de andar por casa, el cotidiano, la gota que te ahoga hasta provocar un hartazgo que acaba, en el mejor de los casos, en el juzgado y si no, silenciado. Este es el racismo invisible, el que SOS Racisme quiere sacar a la luz con más intensidad este martes, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Discriminación Racista.

El 59% de las discriminaciones se producen en el ámbito de la vida cotidiana, según constata en el informe del 2016 de esta ONG. Alba Cuevas,directora de la entidad, afirma que los casos incluidos en el estudio “son solo la punta del iceberg". A estos hechos cotidianos “no se le otorga suficiente entidad pese a su gravedad, ya que afectan de manera brutal al día a día de las personas”, concluye Cuevas.

Esta tipología se ha incrementado y también se ha diversificado. Son agresiones y discriminaciones entre particulares (16%), marginación para acceder a servicios privados (15%), para disfrutar de los derechos sociales (14%) y discriminación laboral (14%). Estos apartados tienen en común el hecho de ser una exclusión que “no está socialmente reconocida. Un racismo que hace falta enseñar para que no se normalice”, explica Alicia Rodríguez, coordinadora del servicio de atención y denuncia de SOS Racisme.

INSULTOS DEL VECINO

La discriminación entre particulares la experimentó en su piel la chilena Ximena Montesinos (Santiago de Chile, 1977). Los hechos sucedieron en Sant Cugat, donde reside desde hace 14 años. Se acuerda hasta de la hora del día y, cuando explica lo sucedido, se nota que aún le produce desazón. El protagonista fue su perro. Se le escapó cuando lo paseaba por una zona para canes. Cuando le dio alcance ya lo tenía agarrado un vecino que vivía dos calles más arriba de su casa. Y empezaron a lloverle los insultos." Me gritó: ‘Coge tu puto perro y vete a tu puto país porque solo traéis enfermedades'.Empecé a temblar”, recuerda Ximena. Las injurias continuaron más tarde. “El iba en su coche, lo paró en medio de la calle y siguió insistiendo que me fuera a mi país con mi puta familia. Hasta se metió con mi corte de pelo porque parecía una lesbiana”, cuenta la víctima. En ese momento le acompañaba su hijo mayor, que salió en defensa de la madre, y propinó un puñetazo al provocador.

Ximena denunció los hechos. El vecino fue absuelto. Ella lo atribuye a que se juzgaron por separado las ofensas y el puñetazo. “Debía haber sido una sola causa porque el golpe fue consecuencia de los insultos”, argumenta. Y añade: “El dolor de un puñetazo se pasa pero las cicatrices que causa un insulto cuestan más de curar”. Hace tiempo que Ximena no pasaba por delante de la casa del agresor, pese a que tenía que dar un rodeo para llegar a su domicilio, pero eso no le importaba. “No quería verlo. Me daba miedo. El domingo pasé y noté cómo el corazón me palpitaba”, dice, y concluye tajante “estas discriminaciones no se deben dejar pasar. Debemos denunciar”.

La petición de Ximena no es baladí. La mayoría de las personas que visita la sede de SOS Racisme no quiere trasladar su queja al juzgado. El año pasado, el 34% de las personas que acudieron al Servicio de Atención y Denuncia (SAiD) de la oenegé no denunciaron la exclusión racista que padecieron. Esto se debe, según Alicia Rodríguez, a la “desconfianza en el sistema jurídico o en las instituciones y por la normalización de la situación discriminatoria”. La reforma del Código Penal en el 2015 despenalizó los insultos e injurias y “dejó desprotegida a la víctima, que ve vulnerada su dignidad y no tiene ningún recurso para repararla, ni siquiera en las comisarías, porque ya no recogen estas situaciones. Estos hechos dañan la convivencia y la cohesión”, reconoce Cuevas.

ACCESO A LA SANIDAD

El 14% de los casos de racismo en la vida cotidiana son por discriminación en el acceso a los derechos sociales. Carolina Bastardo (Maracay, Venezuela, 1985) alza la voz contra estos desatinos. Su caso es uno de los 78 que se produjeron el año pasado en Cataluña por discriminación sanitaria. Esta joven mamá llegó en noviembre a Barcelona con su hija de año y medio en brazos. Ya estaba empadronada, tenía concedido el asilo, pero no tenía aún la tarjeta sanitaria cuando su pequeña Chelsy se puso enferma y la llevó a un CAP del Eixample.

Para visitarla, en recepción le exigieron 90 euros. “Conté céntimo a céntimo y solo reuní 87. Me faltaban 3. Le dije a la recepcionista que no llegaba y me contestó que sin pagar no me atendían. Una señora me dio 2 euros, pero me seguía faltando 1 y me comprometí a abonarlo al día siguiente”, narra Carolina que ante la insistencia en cobrarle preguntó a la recepcionista: “¿El ambulatorio es tuyo o qué?” Entre una cosa y otra tardaron hora y media en visitar a la niña. “Me sentí fatal, humillada”, describe lo que sufrió aquella tarde. Presentó una reclamación e incluso la citaron en la Conselleria de Salut para que explicara su versión de los hechos. Al final le devolvieron el dinero. ”No se dan cuenta que cuando uno llega de su país intenta pasar desapercibido, no quiere problemas porque lo que desea es quedarse en ese lugar”, concluye.

EDUCACIÓN

En este cajón de sastre donde navegan los derechos sociales se atisban además de la privación a la sanidad pública, temas como la educación o la vivienda. Después de la sanidad, los casos más numerosos son en el ámbito de la enseñanza. Las quejas son porque se recurre a ejemplos humillantes para ilustrar un tema. Rodríguez explica cómo una universidad catalana tachaba a los extranjeros de criminales o en un cuento de 'El gegant del Pi, el hombretón batallaba contra los moros. Y relata la situación que vivió una alumna de bachillerato porque le exigían que renunciara al velo para entrar en clase. Al final, ganó la partida.