Siete años lleva esperando el Registro Civil, el departamento de la Administración de Justicia que recibe más quejas, a que se ponga en práctica la ley aprobada por unanimidad en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y que disponía desjudicializar estas oficinas, entre otras mejoras organizativas. Y, de nuevo, todo indica que tendrá que seguir esperando. El Senado prevé aprobar la semana que viene, si no se produce un cambio de última hora motivado por el relevo en la Moncloa o por otro motivo, una nueva vacatio legis, de forma que la ley del Registro Civil del 2011 no entre en vigor hasta el 30 de junio del 2020, según acordaron la mayoría de los grupos en el Congreso.
En estos dos años continuará el sistema vigente y Pedro Sánchez, o en su defecto quien señale como ministro de Justicia, tendrá la oportunidad de lograr, de una vez por todas, que el servicio continúe siendo público, con mejoras para ser más eficiente y útil al ciudadano. El sector afectado pidió al PP que planteara la nueva moratoria habida cuenta la «incapacidad» del Gobierno de Mariano Rajoy para encontrar los gestores adecuados para el Registro Civil, así como para implantar los cambios y la reducción de oficinas previstas en la ley del 2011.
Y es que Zapatero no tuvo tiempo de poner en práctica la normativa y la llegada de Rajoy, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia, trajo consigo una fiebre por dar un giro de 180 grados a los tribunales y al Registro Civil, pero sin ser capaz de llegar a acuerdos. La ley socialista proponía que fueran los letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios judiciales) los que dirigieran las oficinas, para que los magistrados pudieran consagrarse a su función jurisdiccional: juzgar y hacer juzgar lo juzgado.
Gallardón hizo oídos sordos e intentó poner al frente primero a los registradores de la propiedad, después a los mercantiles y, para ciertas gestiones, a los notarios. Sin embargo, enfrente se encontró con un duro rechazo de estos funcionarios públicos a asumir más carga de trabajo sin una compensación económica suficiente y, por otro lado, de la oposición y de los funcionarios, que se rebelaron contra un «intento de privatización encubierta».
Tras la dimisión de Gallardón, Catalá frenó primero la reforma del Registro con nuevas moratorias y hace aproximadamente un año aseguró que volvería al plan inicial de encomendar el trabajo a los letrados. Si bien el PP presentó una proposición de ley con este planteamiento durante la presente legislatura, fue tumbada por la oposición.
El sector contempla como un mal necesario la moratoria actual, que se ha introducido en una ley que nada tiene que ver, la de antiocupación de viviendas. La llegada al poder de Sánchez trae además nuevas incógnitas, porque los tribunales precisan de cambios urgentes, según denuncian las asociaciones que representan a los operadores jurídicos, y aún no se sabe si el nuevo ministro situará el Registro Civil entre sus prioridades.
Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Javier Jordán pide al PSOE que respete que la gestión continúe dentro de la Administración de Justicia, como un servicio público, mientras que la portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), Abigail Fernández, cree que la «situación es tan precaria» y pide negociar ya la entrada en vigor de la ley del 2011 «con todas las garantías y requisitos cubiertos».
