La consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha inmovilizado cerca de cien toneladas de productos cárnicos, en su mayoría jamones, almacenados en dos naves de una empresa ilegal en el municipio valenciano de Alzira y ha decretado el cese inmediato de la actividad. Ayer se dio aviso de alerta alimentaria a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), dependiente del Ministerio de Sanidad y la actuación se está llevando a cabo de manera conjunta con la Guardia Civil por tratarse de una actividad ilegal y no cumplir ningún requisito sanitario, según la Generalitat.

El pasado jueves, inspectores del departamento de salud de La Ribera, acompañados de dos agentes de la Policía Local de Alzira, llevaron a cabo la inspección, ante la sospecha de posible actividad ilegal de industria cárnica. Los inspectores detectaron que el establecimiento carece de autorización sanitaria y no está inscrito en el Registro General Sanitario de industrias y establecimientos alimentarios.

Ante esta situación ilegal, «la falta de trazabilidad es completa y todavía no es posible determinar con exactitud el origen y el destino de los productos, ahora inmovilizados», añaden las mismas fuentes. Por todo ello se decidió inmovilizar todos los productos almacenados y poner a disposición de la Guardia Civil todos los datos disponibles sobre estas actuaciones.

La citada empresa tiene vinculación con otros almacenes de la Comunidad Valenciana y de otras regiones. La Guardia Civil procedió también, el pasado lunes, a la inmovilización cautelar de toda la mercancía almacenada en las instalaciones de la esta empresa en Bocairent (Valencia), también carentes de registro, y en las que se estima que había 15.000 jamones y 160 cajas con entre 140 y 180 piezas de jamón y paleta curada.