El Ministerio de Sanidad ha planteado a las comunidades autónomas que los inmigrantes irregulares puedan acceder a la atención primaria a través de un documento, no una tarjeta sanitaria, y para adquirirlo deberían estar empadronados en ese territorio con una antigüedad mínima de un año.
Esta propuesta la ha dado a conocer el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, y fue planteada a las autonomías el pasado 14 de julio cuando aún no habían tomado posesión todos los consejeros del ramo tras las elecciones autonómicas y municipales celebradas el pasado 24 de mayo.
En esa reunión, según Moreno, el Ministerio planteó que además de al menos un año de empadronamiento los 'sin papeles' tuvieran el pasaporte en vigor y hubieran presentado la solicitud para recibir la asistencia en un centro de atención primaria, condiciones que aceptaron entonces los representantes de las autonomías asistentes.
El documento permitiría a los extranjeros en situación irregular tener la asistencia sanitaria primaria y quedaría a criterio del facultativo derivarles a un especialista, ha explicado Moreno, quien ha precisado que deberían pagar el 40 por ciento de los medicamentos en la farmacia.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha reconocido en esa misma rueda de prensa que ya varias comunidades están prestando la asistencia sanitaria a pesar de no haber cerrado un acuerdo a nivel nacional.
Alonso ha recordado que han sido las comunidades socialistas las que han pedido abordar la atención sanitaria a los 'sin papeles' en la Interterritorial de hoy, a pesar de no estar incluida en el orden del día.
No obstante, las ha advertido de que el sistema que han puesto en marcha no puede abrir la puerta al turismo sanitario.
Con la propuesta de Sanidad, los inmigrantes quedarían registrados con un código de no asegurado que permitiría a las administraciones tener constancia de su existencia.
El documento no daría derecho a que estas personas recibieran asistencia sanitaria en otra comunidad y en el caso de que así fuera sería la autonomía en la que está empadronado la que asumiría los costes.
Tampoco les reconocería el derecho a la sanidad en otro país a cargo de la cobertura española.
La intención de Sanidad es seguir negociando con los nuevos responsables autonómicos de sanidad con el fin de que se apruebe en un próximo Consejo Interterritorial de Salud.
