El amparo del Tribunal Constitucional es ya la única esperanza que le queda a Juana Rivas, la madre de Maracena prófuga para evitar tener que entregar a sus dos hijos al padre que la maltrató. La Audiencia de Granada echó ayer un jarro de agua fría al rechazar el recurso de nulidad contra la sentencia que le obliga a ello, asegurando que no se han vulnerado derechos fundamentales de la mujer o sus hijos, por lo que sus abogados han vuelto a poner sus ojos en la máxima instancia judicial.

En un duro fallo, la Audiencia condena a Rivas a pagar las costas y reprocha lo que considera «maniobras procesales» para no ejecutar la sentencia de primera instancia dictada en diciembre del 2016 y ratificada por la propia audiencia. Unas estrategias «que carecían de todo éxito pero le han permitido ganar tiempo hasta la exasperación».

El auto no valora cómo debe producirse esa devolución de los menores a Italia, donde el padre posee la custodia provisional, y se limita a rechazar el recurso porque no se vulneran derechos constitucionales ni garantías procesales. También lamenta que se presentara 98 días después de que se dictara «una sentencia ya firme y que ni siquiera se pretende anular». La única valoración que hace es al descartar que exista riesgo para los niños, ya que pese a que la mujer volvió a denunciar a su expareja por malos tratos en el 2016, «los informes psicológicos y las entrevistas» recabadas no apreciaron ese peligro.

Nada más conocer el auto, los letrados de Rivas presentaron en el TC el recurso de amparo que fue rechazado hace unas semanas, precisamente hasta que se produjera un pronunciamiento de la Audiencia. En él se pide, según detalla la agencia EFE, que se suspenda la ejecución de esa sentencia del 2016 como «medida urgentísima», Sobre la madrre pesa una orden de detención.