Habrá huelga total en el aeropuerto de El Prat. Los trabajadores de la concesionaria Eulen, encargada de los controles de seguridad en la instalaciones barcelonesas, decidieron ayer en asamblea mantener la convocatoria de paro indefinido de 24 horas a partir de hoy, lunes, después de una semana de huelga parcial (y otros varios días de huelga de celo encubierta). Para evitar que los efectos de este nuevo paro engrosen aún más las esperas de los usuarios, el Gobierno dio instrucciones anoche para reforzar la presencia de la Guardia Civil -como ha estado haciendo los últimos tres días- en el aeropuerto. La Abogacía del Estado empezará a tramitar hoy mismo el laudo arbitral obligatorio.
Un total de 187 trabajadores de Eulen, sobre los cerca de 400 que integran la plantilla, participaron en la votación de la propuesta de mediación que había realizado la Generalitat y que preveía una subida salarial de 200 euros mensuales en 12 pagas. La medida fue rechazada con 150 votos en contra, 36 a favor y un voto nulo, durante una larga asamblea de siete horas.
El resultado apenas sorprendió a los responsables del comité de empresas, que ya en una primera votación, celebrada el pasado jueves, vieron cómo los trabajadores rechazaban la propuesta planteada por el Gobierno catalán. En aquella ocasión venció la propuesta de aumento de la retribución en 250 euros mensuales por 15 pagas, mientras que la oferta de la Generalitat solo obtuvo dos votos.
SERVICIOS MÍNIMOS
En vista del nuevo escenario, la consejera Dolors Bassa anunció ayer que la Generalitat se retira de la mediación, no sin antes reprochar a Aena que llegara «12 días tarde» a las negociaciones, lo que hizo que «se enquistara más el problema».
La Delegación del Gobierno en Cataluña ha decretado unos servicios mínimos del 90% para la huelga, de cara a «garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales». Mientras el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, criticó anoche la «postura muy inmovilista» del comité de huelga y el rechazo a una propuesta «razonable». De ahí, dijo, que ya haya iniciado los trámites para el laudo arbitral.
El titular de Fomento recordó que la propuesta que saldrá de ese laudo será vinculante para todas las partes y subrayó que el Gobierno no está dispuesto a que «la decisión de unos pocos, 150 personas, afecte a millones de españoles y turistas que utilizan estos días el aeropuerto de El Prat».
De la Serna reiteró que, ante el «evidente» problema de seguridad y de orden público que se puede producir en El Prat con la huelga indefinida que comienza hoy, se ha puesto en marcha el dispositivo para reforzar los controles del aeropuerto con efectivos de la Guardia Civil. El despliegue, de hecho, ya había sido ordenado la semana pasada por el Gobierno, después de varias semanas de colas y aglomeraciones de viajeros ante los mostradores y los controles de seguridad.
La presencia, más que evidente, de agentes de la Guardia Civil en la zona de control de seguridad del aeropuerto ayudó a agilizar ayer las esperas, que no superaron los 20 minutos en ninguna de las dos terminales. Los agentes estuvieron vigilando que los trabajadores cumplieran los servicios mínimos decretados del 90% y que no realizaran huelga de celo. De los 10 puntos de acceso que hay en el vestíbulo principal, se cerró uno -durante un rato fueron dos-. Los pasillos con cintas habilitados para facilitar la circulación de personas estuvieron prácticamente vacíos.
Según el asesor del comité de huelga Juan Carlos Giménez, la «convivencia» entre los empleados de Eulen y los agentes de la Guardia Civil en El Prat es «muy mala». A la sobrecarga de trabajo que soportan especialmente las trabajadoras de Eulen en los controles, aseguró Giménez, se suma ahora la «presión constante de la Guardia Civil», hasta el punto de que ayer algunas de ellas acabaron «llorando».
CRÍTICAS DEL COMITÉ
El también abogado del comité de huelga Leopoldo García Quinteiro acusó a la Generalitat de atribuirse una función de «arbitraje» que no le corresponde y denunció la «arrogancia» del ministro De la Serna, «absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático» al «amenazar» con el laudo arbitral. A su juicio, «no se dan las condiciones» para un arbitraje obligatorio «mientras no se quiebren los servicios mínimos», fijados en un 90%, que ha calificado de «abusivo».
«La imposición del arbitraje obligatorio es una anomalía y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga», denunció García Quinteiro, que advirtió de que pretender «sustituir» a los trabajadores en huelga por la Guardia Civil «sería absolutamente ilegal».
