El martes pasado, cuando firmó la orden ejecutiva que sienta las bases para deshacer los pilares de la política de lucha contra el cambio climático establecida por Barack Obama, Donald Trump realizó el habitual ejercicio de teatro de los políticos y se hizo rodear de un grupo de mineros. Con ese atrezo humano logró la foto de un grupo sonriente, tan satisfecho o esperanzado con su decisión como lo deben de estar los empresarios de las industrias de los hidrocarburos y los políticos conservadores que llevan años negando la ciencia por interés. Pero ahí se le acaba el aplauso. Porque con su acción, Trump ha provocado una ola de condena tanto en EEUU como en el resto del mundo, un tsunami de denuncia y alerta al que suman sus voces gobiernos, organizaciones medioambientales y médicas y ciudadanos.

El gobernador de California, Jerry Brown, ha definido la acción de Trump como un «error colosal». 23 estados, condados y ciudades del país se han unido ya en un grupo que ha prometido retarle en los tribunales. Las demandas también ocuparán a organizaciones de activistas medioambientales que, en los últimos meses, se habían ido preparando contratando abogados extra. Y llueven las críticas de grupos como la Asociación Americana del Pulmón, donde la vicepresidenta Lyndsay Moseley Alexander mostró la «profunda decepción con una orden ejecutiva que protege a los contaminadores y no a la gente».

El Acuerdo de París

Se trata de un clamor global. Y es que por más que la decisión de Trump esté guiada por su filosofía nacionalista y populista del «América primero», tiene repercusiones que traspasan sus fronteras. Y ninguna es más evidente que su efecto en el futuro del Acuerdo de París, el pacto alcanzado por casi 200 naciones y ya ratificado por 141 cuya viabilidad está en cuestión si EEUU, el segundo país que emite más gases de efecto invernadero, no cumple con el compromiso adoptado por Obama de reducir para el 2025 entre el 26% y el 28% de sus emisiones respecto a los niveles del 2005.

Aunque Trump no se ha retirado formalmente del acuerdo, su portavoz, Sean Spicer, aseguró el martes que la actual Administración «está estudiando» ese pacto. Retirando las medidas de Obama y desmantelando su Plan de Energía Limpia que era el eje central y ponía en su diana a las plantas eléctricas más contaminantes que funcionan con combustibles fósiles, no está claro cómo EEUU podría alcanzar su compromiso. Y si Washington no cumple y se estanca en la reducción del 11% lograda entre el 2005 y el 2015, otras naciones podrían sentir que tienen carta blanca para debilitar sus compromisos. Especialmente ante un acuerdo donde cada país marca sus objetivos y donde no se contemplan sanciones.

Sin quererlo, no obstante, Trump ha abierto caminos a nuevos liderazgos. Y los están aprovechando ya China, el principal contaminante, y la Unión Europea. En Pekín un portavoz de Exteriores, Lu Kang, abogó por que todos los países deben «moverse con los tiempos» y prometió que «los movimientos políticos, la resolución y los objetivos de China para luchar contra el cambio climático no cambiarán». Y Miguel Arias Cañete, comisionado del clima en la UE, tras «lamentar» la decisión de Trump destacó que «el continuado liderazgo de la UE, China y otras importantes economías es ahora más importante que nunca. Cuando se trata de clima y transición global a energía limpia no puede haber vacío», añadió. «Y estamos comprometidos a llevar adelante esta agenda», remachó.

Organizaciones como el World Wild Fund también han cuestionado a Trump, pero recordándole que su poder no es único. Y desde la organización Manuel Pulgar Vidal ha dicho que, aunque «obstaculizar los planes de EEUU para cumplir sus compromisos internacionales tendrá un impacto en los esfuerzos globales contra el cambio climático, no definirá el resultado final. Nuestra habilidad para cumplir los objetivos del Acuerdo de París no depende de un solo gobierno».

A Trump además le llueven advertencias de que va a hacerse más daño del que cree, incluso en el terreno económico, donde alega que obtendrá beneficios con su decisión. Desde Alemania, por ejemplo, se lo ha recordado la ministra de Medioambiente, Barbara Hendricks, que ha declarado que «cambiar a la marcha atrás solo les hará daño en términos de competitividad internacional».