El juzgado responsable de supervisar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras y Tarifa (Cádiz) ha reprendido al Ministerio del Interior por la falta de voluntad política para incluir en los presupuestos la dotación suficiente para reducir las condiciones «carcelarias» y las deficiencias estructurales de estos centros. Tras dos llamadas de atención, la jueza ha conminado a los directores de ambos centros y al ministro para que, sin posibilidad de recurso, pongan en marcha 31 medidas urgentes, como suprimir rejas o instalar aseos en las habitaciones.
No es la primera vez que se cuestiona el modelo de los CIEs para atender a quienes solo han cometido una falta administrativa al entrar en nuestro país sin la documentación pertinente, tanto por las condiciones en las que residen los inmigrantes como por los escándalos con los internos que han acabado salpicando a policías. La reprimenda del juzgado gaditano se produce después de que, en abril, la jueza Belén Barranco comprobara con estupefacción que no se habían adoptado los requerimientos ordenados en diciembre, cuando en una visita saltaron todas las alarmas por el estado de los internos y las instalaciones, ni tampoco los sugeridos por el Defensor del Pueblo en febrero.
La justificación era que las propuestas «implicarías obras y reformas (...) imposibles de ejecutar con los medios (…) que se poseen». Ahora, el auto del juzgado de Algeciras afea que, si el único problema es económico, «el ministro debería poder contar con los mecanismos para proponer una dotación de los presupuestos para subsanar deficiencias».
