La aplicación de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), que tal y como está redactada ahora se desarrollará durante dos años a partir de septiembre del 2014, se demorará. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, dio a torcer ayer mínimamente su brazo durante su intervención en la Comisión General de Autonomías, en el Senado, y trató de responder así a las quejas de la mayoría de las comunidades, incluidas las del PP, sobre la dificultad para aplicar a tiempo su polémica ley y los problemas de financiación que conlleva. "Estamos dispuestos a entablar un planteamiento que podría incluir una revisión del calendario de aplicación que no afectaría a la entrada en vigor de la ley, pero que implicaría un escalonamiento algo distinto", concedió.

Los consejeros de Educación de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias se unieron para enfatizar su rechazo a la norma, para decir que invade las competencias ganadas hace décadas, y para mostrarse partidarios de recurrir ante el Tribunal Constitucional si no se cambia en su último trámite ante la Cámara Alta.

Por contra, las consejerías del PP defendieron la necesidad de aplicarla, aunque algunas como la de Murcia o Aragón pidieron que se "asegure su financiación". Las comunidades populares resaltaron que la reforma servirá para frenar la tasa de abandono escolar y garantizar que los alumnos aprendan por igual castellano y lenguas cooficiales.

EL CALENDARIO Fue el propio Wert quien adelantó que el grupo popular será el que entablará una discusión en el Senado con la oposición para, "eventualmente", realizar una "revisión" del calendario de su entrada en vigor a partir del curso 2014-15. La Memoria Económica del proyecto fija que la reforma se implantará en dos cursos académicos (tres años naturales), con un coste neto para el Estado en cada ejercicio de 23, 130 y 255 millones de euros, respectivamente.

En concreto, el calendario marca que las modificaciones en Primaria se implanten para primero, tercero y quinto en 2014-2015, y para ese mismo año escolar para primero y tercero de la ESO; para el resto de cursos, en 2015-16. También en 2014-15 se harán los cambios para primero de bachiller.

La consejera catalana, Irene Rigau, denunció que implantar la LOMCE dentro de dos años es "someter a estrés al sistema educativo", y criticó que se quiera aplicar rápidamente con "un interés partidista por encima del educativo". Mientras que la vasca, Cristina Uriarte, confió en que el calendario se manifieste en "propuestas concretas".

El responsable andaluz, Luciano Alonso, apuntó que tendrá un coste elevado; la de Asturias, Ana González, que la norma ha batido "el récord del descontentos", y el canario José Pérez argumentó que cuando se está reduciendo el déficit es "insostenible" asumir este gasto.

Esta apertura a enmiendas en el Senado será aprovechada por el PP para reforzar la presencia de la religión en el bachillerato, para que sea de oferta obligatoria, como lo es en primaria y la ESO, y satisfacer así la reivindicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE).