Mientras avanza la complicada gestión de los recibos, otra disputa explotará este año en las ya difíciles relaciones entre el consistorio y la DGA. Afecta a la deuda de 10 millones que el ayuntamiento prometió abonar en el 2016 a la DGA en el convenio que ambos suscribieron, firmado por el entonces consejero Modesto Lobón y el vicealcalde Fernando Gimeno, para el aplazamiento del cobro del ICA en la capital. Correspondía a la cantidad que reconocía haber abonado de menos durante los años en los que no se pagaba el impuesto.
Una de las paradojas que el ayuntamiento considera que se pueden producir con el cobro del ICA afecta a los colegios públicos ubicados en la ciudad. Los gestiona el Gobierno aragonés a través del Departamento de Educación pero los mantiene el ayuntamiento por ser, además, el titular del edificio. ¿Quién pagará el ICA? ¿La DGA porque el agua que se gasta la beben y utilizan los usuarios de las instalaciones? ¿El ayuntamiento por ser el propietario del inmueble? Una incógnita que desde el Instituto Aragonés del Agua deben despejar, según el consistorio.
La ley establece una serie de exenciones para el cobro del ICA en el caso de los ayuntamientos. Se deberá cobrar solo el consumo habitual en edificios, equipamientos o instalaciones deportivas y servicios, entre otros. También en las piscinas de verano que gestiona en Zaragoza el concejal de ZeC Pablo Híjar, el mismo que esta semana rompía el recibo de su domicilio a la vista de todos en Twitter. Así, está exento el de las fuentes, los riegos de parques y jardines, la limpieza de calles o el que utiliza Bomberos para la extinción de incendios.
