Cuando hace más de cinco años que no se ha hecho una revisión catastral, el ayuntamiento puede pedir al Gobierno que le incluya en un decreto anual con unos coeficientes que actualizan de forma lineal los valores catastrales.

Periódicamente se llevan a cabo revisiones catastrales, que adecúan estos valores (suelen ser el 50% o 60% del precio mercado). Con estos cambios, el IBI suele subir, a no ser que haya habido una crisis inmobiliaria.

Para calcular el impuesto, el tipo de gravamen aprobado por el ayuntamiento se aplica sobre el valor catastral. Este es un precio administrativo que se calcula periódicamente. También sirve para tributos como el de plusvalías.

El impuesto de bienes inmuebles (IBI) es la mayor fuente de recaudación municipal. En conjunto, supone en torno al 30% de los ingresos de las arcas locales. En todo caso en muchos consistorios puede ser incluso más del 40%.