La huelga sanitaria ya tiene fecha. Alrededor de 21.000 trabajadores del Salud están llamados al paro el 23 de enero, según anunciaron ayer los sindicatos Cemsatse, CCOO y CSIF. UGT, que también había participado en las anteriores movilizaciones, esta vez se ha desmarcado de la convocatoria de huelga-.
La medida se adopta porque los colectivos aseguran no tener «certeza» ni «garantías suficientes» de que la DGA vaya a llevar al Consejo de Gobierno la inclusión de las 1.483 plazas convertidas de eventuales a interinos que la Administración se comprometió a incluir en la oferta de empleo complementaria del 2016.
La huelga consistirá en paros de dos horas por cada turno y, si los sindicatos no advierten «voluntad de acuerdo», se convocarán a partir de enero paros indefinidos todos los viernes. «No se trata de una reivindicación económica y recordamos, además, que incluir estas plazas en la oferta de empleo no supondría coste alguno a la Administración», apuntó ayer Juan Urdániz, de CCOO.
PUERTA ABIERTA
Los sindicatos, que aseguran dejar «abierta» la puerta a un acuerdo «que ponga el contador a cero en sanidad», recordaron que estas casi 1.500 plazas «tenían que convocarse en virtud de un acuerdo por unanimidad que se alcanzó en la mesa sectorial, aprobada en junio».
Sin embargo, los colectivos de trabajadores creen que el Ejecutivo no piensa llevar estas plazas al Consejo de Gobierno, a pesar de que fue el propio consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, quien se comprometió a hacerlo. «Pedimos un gesto político y que el Gobierno aragonés saque las plazas y, si luego, el Ejecutivo estatal lo recurre, ya veríamos qué acciones podíamos tomar, pero es que lo que ha hecho la DGA es desligitimar al consejero», aseguraron los sindicatos, que, además, pretenden que el Gobierno de Aragón cumpla otros acuerdos, como la bolsa de trabajo, los baremos y los traslados.
Los tres sindicatos valoraron positivamente la presentación por parte de los grupos parlamentarios de PSOE y CHA de una proposición de ley que permitiría al Gobierno la convocatoria de ofertas de empleo complementarias y cuya toma en consideración fue aprobada el pasado jueves por el Pleno de las Cortes de Aragón con 20 votos a favor --los de PSOE y CHA-- y 45 abstenciones del resto de diputados. «Está claro que el Gobierno no merece nuestra confianza, pero tampoco la del resto de la Cámara», indicó Lorenzo Arracó, de Cemsatse.
Sin embargo, consideran que en el caso de que se apruebe finalmente esta ley, que se someterá a debate parlamentario en los próximos días, no constituirá una garantía suficiente de que el Consejo de Gobierno vaya a aprobar las 1.483 plazas pactadas en la mesa sectorial.
NEGOCIACIÓN
Por eso, la huelga «nos proporciona un escenario en el que se pueda establecer un calendario de negociación real para el desbloqueo de todos los asuntos pendientes», apuntó Urdániz, que ratificó el mantenimiento del bloqueo de las negociaciones con el departamento. «No podemos sentarnos a negociar todas las cuestiones pendientes frente a quien ha demostrado que no es capaz de respetar lo acordado», dijo.
Evangelino Navarro, desde CSIF, subrayó que el Gobierno de Lambán «debe volver a las aulas porque a ver si de una vez por todas sabe hacer lectura comprensiva» porque «estas casi 1.500 plazas no están afectadas por la tasa de reposición porque son eventuales que se convirtieron en interinos mediante un acuerdo por el empleo en el 2014, que fue ratificada en el 2015», recordó.
En ese sentido, insistió en que «en este caso, la tasa de reposición no está contemplada». «En dos años nos adelantamos a lo que dice Europa ahora respecto a la consolidación de empleo».
Los sindicatos, que se reunieron con la práctica totalidad de los grupos parlamentarios para solicitar su respaldo en esta demanda, han convocado concenrtraciones de protesta a lo largo de los últimos días. La última de ellas tuvo lugar el pasado jueves, justo antes del pleno, a las puertas de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.
