Gerónimo de Martel, cronista aragonés, en su tratado Forma de celebrar Cortes en Aragón de 1641, nos relata lo siguiente:

«...en Aragón para hacer leyes es necesario que concuerde la voluntad del Rey con todos los que intervienen en Cortes... Privilegio tan grande que jamás lo tuvo Reino alguno, pues este consiste en las Leyes y Fueros que tenemos.»

En el XXXV aniversario del Estatuto de autonomía de Aragón de 10 de agosto de 1982 he creído oportuno recordar esta delicia de tratado, un documento más que demuestra que en Aragón antes fueron leyes que Reyes, como dice el aforismo. Y no son pocos los momentos históricos relevantes en los que el pacto, la lealtad y la defensa de las libertades han sido puestos de manifiesto. Son los valores en los que se fundamenta nuestra identidad aragonesa.

Hace poco más de un año conmemorábamos, el 6 de julio deL 2016, el octogésimo aniversario del anteproyecto del Estatuto de Caspe de 1936, que no vio la luz como consecuencia del estallido de la guerra civil.

Las ansias y reivindicaciones autonomistas en Aragón, con más o menos frecuencia, han sido constantes desde que nuestras instituciones de autogobierno fueron suprimidas por derecho de conquista con los Decretos de Nueva Planta de Felipe V. Ya conocen la historia.

Desde 1978 a 1982 el proceso que nos llevó a la aprobación del primer Estatuto no estuvo exento de dificultades ni de posiciones discrepantes. Tampoco los debates que generaron las reformas de 1994 y 1996 fueron pacíficos, pero se avanzó de forma notable en competencias fundamentales como sanidad, educación o servicios sociales.

Hoy, nuestro Estatuto de autonomía, con sus distintas reformas y en sus distintas épocas, ha sido y es, sin duda, fruto del trabajo de hombres y mujeres que aportaron su esfuerzo y talento a través del diálogo, del pacto y del acuerdo, para avanzar hacia los máximos niveles de autogobierno y conseguir un Aragón mejor.

Dispone nuestra norma fundamental que «Aragón es nacionalidad histórica y ostenta por su historia una identidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales, el derecho foral y su cultura». Y desde su redacción original proclama que «el pueblo aragonés no renuncia a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia y podrán ser actualizados conforme a la disposición adicional primera de la Constitución».

El derecho a la salud universal, la garantía de una renta básica y de una educación pública de calidad, así como la obligación de los poderes públicos aragoneses a promover de forma efectiva el ejercicio del derecho a una vivienda digna son regulados en nuestro Estatuto que, en consecuencia, nos mandata a dirigir nuestras políticas públicas a resolver de forma prioritaria la prestación de unos servicios públicos de calidad para todos los aragoneses y aragonesas.

Y la norma fundamental nos otorga los mecanismos para llevar a cabo el desarrollo de nuestras políticas: nos permite exigir que en el reparto de la riqueza incorporemos las variables que explican el mayor coste en la prestación de los servicios (porque en Aragón las carreteras no se miden por habitantes sino por kilómetros y no cuesta lo mismo hacer una escuela en un pueblo aragonés que en la capital de España); analizar con el Estado las inversiones que Aragón necesita, y acordar un modelo financiero propio, complementario o alternativo al sistema común si este nos perjudica.

En la última comisión bilateral y por primera vez desde 1996, el Estado ha aceptado sentarse a negociar con Aragón el contenido financiero en que deberá concretarse el acuerdo económico bilateral del artículo 108, lo que me parece un avance histórico fruto del funcionamiento óptimo de los mecanismos de cooperación institucional tan necesarios para el buen desarrollo de las relaciones entre las distintas administraciones públicas.

Hoy, 35 años después de que nuestro Estatuto originario viera la luz -con Gaspar Castellano como presidente de Aragón- les invito a renovar nuestro compromiso con los aragoneses para seguir profundizando en la consolidación del autogobierno de Aragón, para depender menos de los que toman las decisiones sin contar con nuestra aprobación y para encauzar, en la negociación política entre iguales, los asuntos que el pueblo aragonés nos reclama como prioritarios.

El mejor homenaje que podemos brindar a nuestra norma fundamental es continuar desarrollándola, haciendo efectivos sus preceptos y exigiendo su cumplimiento a todas las administraciones públicas.