La Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública denunció ayer la creciente desatención que, a su juicio, sufren por parte de la DGA los alumnos con necesidades específicas. Un hecho que motivó que este colectivo pidiera la dimisión de la consejera Dolores Serrat y que la DGA aplique políticas de redistribución, por encima del argumento imperante de la libertad para elegir centro. Según la plataforma, en la comunidad hay ya 35 colegios --la mayoría públicos y en Zaragoza-- en los que entre el 40% y el 95% de su alumnado es inmigrante, pertenece a una minoría étnica o proviene de un entorno socioeconómico desfavorable, lo que obliga al profesorado a dispensar a estos estudiantes un trato más personalizado.
La plataforma informó de que los "centros en desventaja" han aumentado durante los dos últimos años, debido a que el Ejecutivo ha recortado un 8% las plantillas de profesores, contraviniendo, además, no solo recomendaciones del Justicia, del Consejo Escolar de Aragón y de organismos internacionales como la Comisión Europea o la OCDE, sino también artículos de la vigente Ley de Educación.
"Si la minoría se convierte en mayoría, ya no hay integración posible", declaró uno de los portavoces del colectivo, Félix Rubio (IU). Antonio Lascorz (CHA) señaló que lo aconsejable es que en las aulas no se supere el 20% de presencia de este tipo de estudiantes, lo que sí resulta "enriquecedor" para el grupo, mientras que lo contrario "requiere de muchos recursos y no se puede gestionar bien", conviertiendo estos centros en "guetos".
Rubio explicó que en, en muchas ocasiones, estos alumnos llegan a los colegios "con un nivel académico de dos o cuatro cursos por debajo o incluso sin haber estado escolarizados con anterioridad". Todo ello propició una queja ante el Justicia, para quien la integración de estos estudiantes pasa por que el porcentaje se mantenga "inferior al 30%". García Vicente sugirió a la consejera, el pasado junio, una "distribución más equilibrada" y "medidas de discriminación positiva".
