El Registro de Voluntades Anticipadas de Aragón, que tiene como finalidad el respeto de los valores personales y objetivos vitales del enfermo en la toma de decisiones clínicas, ya ha recogido, desde su creación en el 2003, los documentos de 6.470 aragoneses, quienes han dejado por escrito cómo quieren acabar su vida y qué cuidados desean recibir.

Según los datos del Departamento de Sanidad, un porcentaje significativo de las personas mayores de edad de la comunidad ya han realizado e inscrito sus voluntades, también conocidas como instrucciones previas o testamento vital. La entrega de este documento ha registrado un "repunte importante" en la comunidad desde el 2011 y, desde entonces, se estima que anualmente se registran entre 700 y 800 nuevos documentos.

"Ese año se modificaron algunos aspectos de la Ley de Derechos y Garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte y se desburocratizó bastante el procedimiento que había establecido hasta ese momento. A partir de entonces, se produce un incremento de la incorporación de documentos al Registro de Voluntades Anticipadas", explicó Teresa Antoñanzas, técnico responsable del Registro de Voluntades Anticipadas.

El texto de las voluntades anticipadas consiste en un escrito en el que una persona mayor de edad --o menor emancipado que ya haya cumplido los 14 años y cuente con la debida asistencia-- manifiesta libremente las instrucciones sobre las actuaciones médicas que deben tenerse en cuenta cuando se encuentre en una situación de deterioro físico o psíquico y en la que no pueda expresar su voluntad.

En Aragón, la edad media de las personas que registran este documento es de 59 años y, respecto al perfil, son las mujeres quienes más textos han formalizado, con un 63% del total frente al 37% de los hombre.

LEGISLACIÓN

En España no existe una ley estatal sobre Muerte Digna, aunque hay comunidades, entre ellas Aragón, que aprobaron normas autonómicas. "La población está cada vez más concienciada con esta cuestión. Aquí somos la cuarta comunidad en número porcentual de voluntades anticipadas registradas. Solo están por delante Cataluña, País Vasco y La Rioja", comentó Antoñanzas.

La Ley de Muerte Digna, que dio lugar al registro de las voluntades anticipadas, fue propuesta por Izquierda Unida y se aprobó en las Cortes de Aragón el 24 de marzo del 2003. El reglamento salió adelante con el respaldo de PSOE, PAR, IU y CHA y solo la rechazó el PP por el temor de que la norma fuera una "trampa" hacia la eutanasia. Aragón fue la segunda comunidad de España en aprobar esta ley.

La ley reconoce el derecho al consentimiento informado, es decir, que cada ciudadano aragonés que afronte el proceso de muerte en un centro sanitario, sea público o privado, tiene derecho a saber su pronóstico. Desde la Asociación Derecho a una Muerte Digna (DMD) en Aragón, que cuenta con más de 200 socios y centenares de simpatizantes en la comunidad, entienden que "es preciso el derecho al alivio del sufrimiento al final de la vida mediante una asistencia paliativa de calidad respetuosa con los valores y creencias de cada persona", señalaron fuentes del colectivo.

Desde DMD Aragón también exigen el derecho del paciente "a recibir información veraz sobre su proceso de su enfermedad, a rechazar un tratamiento, a limitar el esfuerzo terapéutico y a elegir entre las opciones disponibles, como la sedación".

El colectivo, que a nivel nacional cuenta con más de 5.000 personas --mayoritariamente en Madrid--, consideran que "no se debe consentir" que personas que han tenido una vida digna "tengan que acabarla de manera cruel, degradante y absurda".