El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Aragón) acudió ayer a la reunión con la concejala Luisa Broto con el guión preparado. De hecho, fueron los primeros en intervenir con un manifiesto preparado a conciencia en el que instaban al Ayuntamiento de Zaragoza a reconocer que los discapacitados tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos y que "también son competencia municipal".
La polémica surgió a raíz de un correo electrónico en el que se invitaba a las asociaciones al acto ayer celebrado en el consistorio con Luisa Broto. El email, firmado por el coordinador del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Nacho Celaya, hacía referencia a este colectivo como "un número de entidades muy importante del ámbito sociosanitario y la discapacidad --muy interesantes-- que abordan proyectos bien importantes, pero sin competencia municipal".
Así, desde Cermi argumentaron en su manifiesto que "un 8% de la población sufre algún tipo de discapacidad, lo que significa que esta condición afecta a más de 55.000 personas en la ciudad de Zaragoza", cifra a la que se suman las familias afectadas. "No podemos comprender cómo la vicealcaldesa puede decirnos que las personas con discapacidad no somos de competencia municipal. ¿Acaso no somos ciudadanos con los mismos derechos que el resto? ¿Acaso no somos un colectivo vulnerable que en muchas ocasiones corremos serios riesgos de exclusión social? De ser esto cierto chocaría con los postulados que han pretendido defender durante su campaña electoral y sus reiteradas manifestaciones de apoyo a los colectivos más vulnerables".
Broto pasó de puntillas sobre este concepto y volvió a justificar la asignación de las ayudas en criterios técnicos, en los que se refugió durante toda la mesa de trabajo de ayer. También se comprometió a estudiar las cuantías para el año que viene.
COMPETENCIAS PROPIAS
Aún así, desde Cermi expusieron ejemplos concretos para dar cuenta a Broto de que sus colectivos sí deben recibir subvenciones por parte del Gobierno municipal y le recordaron que, "afortunadamente", en Aragón la Ley de Servicios Sociales otorga amplias competencias a la Administración local en materia de acción social, en especial a los municipios de más de 50.000 habitantes. "No podemos hablar de competencias propias o impropias de los ayuntamientos en esta materia".
El acto suscitó el interés de los colectivos. De hecho, hubo momentos de tensión para entrar al consistorio. Desde el Servicio de Protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza solo dejaron pasar a la recepción a dos integrantes de cada asociación, aunque algunas de ellas acudieron con grupos más numerosos que quedaron fuera. Más de cien personas entraron finalmente.
