La octava legislatura toca mañana a su fin con la publicación de la convocatoria de elecciones y la disolución del Parlamento. Han sido los cuatro años de la crisis; del enfrentamiento entre dos bloques, izquierda y derecha, sobre todo en el primer tramo. La confrontación ha ido de más a menos; no ha habido pactos en las cuestiones fundamentales, ni al principio ni al final. El balance legislativo es el más pobre de las últimas décadas, con 43 textos aprobados.

La ideología ha marcado la legislatura. PP y PAR han legislado en cuestiones sensibles, de marcado signo político, con leyes como las de autoridad del profesorado y del personal sanitario, la de lenguas, o la de racionalización del sector público. Los cambios en urbanismo o montes ha tendido a la liberalización del sector y a facilitar la iniciativa privada. Y se han abordado regulaciones pendientes desde hace años, como la de los policías locales. Otras se han quedado en el cajón, pese a centrar el debate político: la ley de capitalidad, o la reordenación competencial de las instituciones aragonesas.

POCA IMAGINACIÓN

Apenas si se ha innovado en la legislación. El Gobierno con sus proyectos de ley ha cumplido con lo básico. Solo la norma que regula la participación y la transparencia logra marcar un hito en el ámbito estatal. El resto, en su mayoría de carácter técnico, ha despertado escaso interés entre la ciudadanía. Los grupos de la oposición no han tenido margen para llevar adelante sus proposiciones normativas. La mayoría sustentada en PP y PAR ha sido un tapón para cualquier tipo de política procedente de la izquierda.

En general, han sobrado palabras y han faltado acuerdos. Se ha hablado de pactos para la regeneración democrática y para la lucha contra la crisis. Y por unos y por otros, nada se ha hecho. El Parlamento no ha sabido captar la atención de la ciudadanía, que ha seguido al margen del devenir político. La Cámara ni siquiera ha sido capaz de dotarse de un nuevo reglamento que dé a su funcionamiento no solo más fluidez, sino mayor cercanía y participación. Se ha ganado en transparencia, eso sí.

La legislatura se ha saldado con 43 textos aprobados: 40 proyectos de ley y 3 proposiciones de ley. En la anterior fueron 51; en la sexta 57 y en la quinta 92. Dijo la presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi, que el Parlamento se iba a convertir en el centro de la vida política. El debate sí se ha producido en la Cámara, pero no se ha traducido en nada concreto. Salvo en el distanciamiento entre los grupos de las bancadas de un lado y otro.

El balance que hacen PSOE, CHA e IU es, con matizaciones, bastante parejo. Insisten en la idea de que la legislatura se ha terminado con un incremento de las desigualdades sociales, de la pobreza infantil y que los servicios públicos han sufrido un retroceso importante. Caso aparte merece, por ejemplo, la dependencia, esquilmada por los recortes hasta quedar reducida a una sombra de lo que fue.

PP y PAR, en cambio, creen que, pese a las dificultades no se han cruzado las líneas rojas; que la calidad de los servicios se ha mantenido, pese a la caída de los ingresos, y que la comunidad está mejor preparada que otras para salir de la crisis.