El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha cuantificado a cuánto ascenderá la deuda de otras administraciones a final de año. Si no se abonan las cantidades pendientes serán un total de 56 millones de euros, de los cuales 37,4 corresponden al Gobierno de Aragón. El 66% del total. Y, una vez más, y ante las escasas previsiones de cobro, el vicealcalde y responsable económico del consistorio, Fernando Gimeno, volvió a clamar exigiendo el abono de las cantidades pendientes por parte de los morosos.

De los 56,6 millones pendientes del conjunto del sector público, 32,9 se corresponden a deuda tributaria y 23,7 a convenios. La factura concreta del Ejecutivo aragonés se corresponde con los 21,7 millones de deuda tributaria --sin incluir los intereses de demora-- y otros 15,7 millones por otro tipo de facturas, entre las que se incluye la parte de la DGA correspondiente al tranvía de Zaragoza.

TESORERÍA "Las tensiones de tesorería que tiene este ayuntamiento son consecuencia de lo que nos deben las administraciones públicas. Llegará un momento en que esto será insostenible. Yo solo puedo embargarles las cuentas o que el Ministerio de Hacienda nos dé ese dinero para saldar sus deudas pendientes", indicó Gimeno. El vicealcalde vaticinó problemas para pagar a los proveedores --la demora actual alcanza los tres meses, frente al mes que marca la legislación-- si estos morosos institucionales no se ponen al día en las cuentas con rapidez.

Sin embargo, indicó Gimeno, todavía no hay fecha fijada para firmar con el Ejecutivo autonómico, el principal deudor con el ayuntamiento, el convenio de compensación de deudas mutuas. El documento, eso sí, ya está redactado. Tras este acuerdo, la deuda se reduciría en 18 millones y quedaría por tanto en 19,4 millones. Pero el cambio del consejero de Hacienda tras la reciente crisis de Gobierno autonómico y el incumplimiento del déficit por parte de la DGA no van a acelerar la situación, según las previsiones que manejan en el consistorio, al menos. Igual que tampoco se ha dado ningún paso en las conversaciones para el reparto de competencias como consecuencia de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

"Las negociaciones no van de ninguna manera, los escritos no han sido contestados. No nos hemos sentados para hablar de estos temas ni lo preveo. Ahora solo les interesa reunirse con Montoro para ver dónde se recorta. No tenemos ninguna conversación formal ni informal sobre el tema. La relación es nula, cero, estamos peor que lo que estábamos", indicó Gimeno en la comisión de su área, respondiendo a las preguntas de los portavoces de CHA e IU.

CADUCIDAD Desde la formación nacionalista se hizo hincapié en la necesidad de saber qué hacer con los contratos y convenios que caducan en próximas fechas y cuyas competencias serían ahora del Ejecutivo autonómico.

De hecho, ante la falta de respuesta del Gobierno de Aragón, ayer mismo la comisión de Economía del ayuntamiento dio el visto bueno a una modificación de crédito para introducir 500.000 euros para renovar el contrato de los Proyectos de Intervención de Espacios Escolares (PIEES) y de las Casas de Juventud, una prestación que concluía a finales del próximo mes de mayo.

"Los siguientes vendrán en cascada: el taller de empleo, tres centros de formación que dependen de una autorización de la DGA... No sé qué plantea usted ante los próximos contratos. Ha llegado el momento de dar un golpe sobre la mesa y negociar", aseguró el concejal de Chunta, Carmelo Asensio.

"Estamos inmersos en un caos competencial pero el PP dice que no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer con el instituto de salud pública? Si no pasa nada, para qué se ha hecho esta ley...", se preguntó, por su parte, el concejal de Izquierda Unida José Manuel Alonso.