Con el caso pagarés de Plaza sentenciado, los tres condenados en él afrontan varias causas más relacionadas con la plataforma logística. Sin contar los archivados, como los casos apartadero, Caladero y cuadros, aún quedan por delante tres procesos abiertos, incluido el principal, por corrupción urbanística y otros delitos relacionados con las operaciones de desarrollo de uno de los proyectos estrella del Gobierno de Aragón en las últimas décadas.

El‘caso saqueo’: 150,5millones malversados

En el banquillo de los acusados del caso saqueo se sentarán 25 personas procesadas por, supuestamente, formar parte de una trama que llegó a malversar 150,5 millones de euros en las obras de urbanización de Plaza. Para cuatro de ellos -el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el exdirector técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes; el exviceconsejero Carlos Escó y el constructor Agapito Iglesias- la experiencia no será nueva, puesto que compartieron acusación en este casopagarés. No obstante, la participación en este contubernio no es tanto monta, monta tanto, sino que cada uno tuvo su papel. García Becerril (al que Anticorrupción pide 23 años de prisión) se le señala por alinearse con el directivo de Acciona en Aragón -empresa que realizó los traba jos junto a MLN-, José María Jordán, para que esta constructora fuera desde el primer minuto la elegida en todos los concursos públicos y para obtener beneficios en la certificación de obras ficticias. Para conseguirlo necesitaron, según las acusaciones, a Miguel Ángel Pérez Cervantes (le piden 14 años) quien debía dar por bueno los amaños. Existen correos en los que García Becerril pide a Pérez Cervantes que suba la puntuación a Acciona «siguiendo las instrucciones de la conserjería en los conceptos de coordinación y personal». Este hombre,alparecer,accedió. No lo hicieron gratuitamente, a juicio de los investigadores, sino que disfrutaron de viajes de lujo o reformas en su casa a costa de las arcas de la empresa pública. El exgerente llegó, presuntamente, a crear una subtrama en la que utilizó a sus hijas Elena y Patricia (9 años y un mes deprisión,ycasi6años,respectivamente) para cobrar peajes a constructores que querían convertirse en proveedores oficiales de la UTE liderada por Acciona. Es ahí donde resalta Agapito Iglesias (que se enfrenta a 5 años y10 meses de prisión). Por otro lado estaría Escó (afronta siete años y medio de cárcel). Curiosamente, está acusado por unos correos electrónicos en los que el exgerente se quejaba de que el exviceconsejero otorgaba contratos a amigos como el empresario Miguel Ángel Floria (afronta 6 años) o la realización de un nuevo manual corporativo por parte de la Agencia Bassat, encargada de la campaña electoral de su esposa, Eva Almunia,para presidir la DGA.

El‘caso karts’, a las puertas del llegar ante el jurado popular

García Becerril y Escó coincidirán de nuevo en el banquillo para el juicio sobre el caso karts, que además será el primero (y de momento el único) de estas tramas que dirimirá un jurado popular. El próximo 23 de febrero están citados para la comparecencia previa que marca la ley del jurado para concretar cargos y pedir las últimas pruebas. Junto a ellos acudirá el tercer encartado en esta causa, Santiago Becerril, el dueño del kartódromo Aragón al que compraron el terreno, presuntamente, a un precio exorbitado (6,3 millones) y cobrando una mordida de 660.000euros. El caso ya cuenta con los escritos de defensa (que piden la absolución) y de acusación. En el caso de la Fiscalía, solicita 10 años de prisión para GarcíaBecerril y Escó por cohecho y malversación, así como 15 años de inhabilitación y 700.000 euros de multa. Para el dueño del terreno, cuya confesión inició la causa, lo rebaja a año y medio por su cooperación. Según sostienen las acusaciones, apoyadas en gran medida en el testimonio del propio vendedor, este entregó a García Becerril, en tres pagos, una comisión de más de 660.000 euros. Lo hizo en metálico, en entregas celebradas en una cafetería frente al Teatro Principal de Zaragoza. Fue el propio García Becerril quien le informó de que se las iba a repartir con Escó. Contra este, a priori, solo había como prueba este testimonio indirecto. Sin embargo, un informe del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional sobre los movimientos económicos del exconsejero delegado de Plaza relacionaba unos cuantos pagos en metálico, por aquellas fechas, con los 330.000 euros que presuntamente percibió. Además, las acusaciones (también la DGA y Plaza, que elevan la pena a 11 años de cárcel) sostienen que el terreno fue sobrevalorado. Se pagaron 6,3 millones, frente a los 2,3 que valía, según un perito judicial. Consideran que había un preacuerdo de pago de 4 millones y se incrementó sin justificación, y los pagarés con los que se abonó fueron firmados solo un día antes de que se reuniera el consejo.

Una posible factura falsaa brió el‘caso aulario’ para Iglesias

Con una condena en relación con Plaza, y pendiente de la causa principal, a Agapito Iglesias se le abrió recientemente otro frente con el caso aulario. Una causa que deriva de otra, civil, que ya ganó, por los presuntos sobrecostes en la construcción de varios edificios de Plaza, entre ellos un aulario de FP. Tras una primera condena, la Audiencia Provincial terminó absolviéndole al concluir que el consejo de administración de Plaza dio el visto bueno asuminuta. Sin embargo, un abogado de la DGA descubrió luego que uno de los documentos aportados en esta causa, la factura de un movimiento de tierras, era falso. Así lo reconocieron otros dos cargos de Codesport, Alberto Casado y Fernando Viñuales, también investigados en esta causa. Pero el soriano negó en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza estar al corriente de esta presunta falsedad. El juez Rafael Lasala sigue investigando el tema