Alrededor de 10.000 inmigrantes podrían recuperar en Aragón la tarjeta sanitaria "provisional" --la oficial la expiden desde Madrid-- después de que el Consejo de Gobierno aprobara ayer la realización de una encomienda al Departamento de Sanidad para que regule la extensión de esta cobertura.
El dato no es oficial. De hecho, puede variar "mucho". Según precisaron fuentes del Ejecutivo autonómico, se trata de una cifra "muy volátil" debido a los cambios demográficos que se producen entre la población inmigrante, pero esta primera estimación no va mal encaminada y la horquilla estaría entre las 10.000 y 11.000 personas.
Tal y como apuntó ayer el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, el Real Decreto-Ley 16/2012 del Gobierno del PP dejó fuera del sistema de salud en Aragón a unas 14.500 personas, pero más de 4.000 se acogieron al Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública, dirigido a aquellos extranjeros sin recursos económicos suficientes. Por lo tanto, serían unas 10.000 personas las que podrían recuperar este derecho sanitario.
Guillén, que recalcó que esta medida cumple con los acuerdos de investidura alcanzados por el PSOE con Podemos, CHA e IU, apuntó que en agosto ya estarán elaboradas las instrucciones que se enviarán a los centros de salud para que puedan comenzar a atender a "todo el mundo sin condicionantes".
El coste que supondrá poner en marcha esta medida se desconoce por el momento, pero será "asumible por el sistema sin ninguna duda", dijo Guillén. "Este no es un elemento que sale adelante en función del gasto, sino que es una inversión. Merece la pena por la rentabilidad social que supondrá", puntualizó el consejero aragonés.
El decreto del PP incluía la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular menores de 18 años, a las embarazadas y en los servicios de urgencias, pero el Gobierno de Aragón la ampliará "a todos los casos" con una cobertura "en igualdad de condiciones de acceso que el resto de asegurados", según precisó Guillén. Las instrucciones que se pondrán en marcha para cumplir este objetivo tienen como objetivo "homogeneizar los criterios y el procedimiento" para reconocer este derecho sanitario.
CELAYA, EN MADRID
El titular de Sanidad, Sebastián Celaya, asistió ayer en Madrid junto a los consejeros de las comunidades gobernadas por el PSOE a una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde solicitaron al Ministerio de Sanidad la derogación del real decreto que eliminó la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. El consejero aragonés espera que el Gobierno de España "tenga en consideración" su petición. "Esta dando marcha atrás a todas las medidas del real decreto porque se han dado cuenta de que es un recorte que no mejora en absoluto la asistencia sanitaria y esperamos que lo deroguen", dijo.
Celaya consideró, como ya ha recalcado en las últimas semanas, que este real decreto es "el origen de todo" y precisó que "si se elimina, se soluciona el problema". Por el contrario, "si no se hace, las comunidades socialistas adoptarán medidas para que en sus territorios se pueda atender a todos los ciudadanos que lo necesiten", insistió.
El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, puntualizó que "lo más efectivo" para una sociedad es "invertir en la promoción de la salud" y habló de "potenciar" la Atención Primaria para que un problema sanitario leve no se convierta en grave. Sobre esto, el consejero Celaya comentó que "cuesta muchísimo más dinero un paciente sin tratar a tiempo".
